El caso del opositor venezolano Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión por la violencia desatada tras una protesta en 2014, está llevando a que más países latinoamericanos dejen de ser “no alineados” respecto a Venezuela.
Ana Mengotti/EFE
Ya no es tan resonante el silencio con el que los Gobiernos que no son aliados formales de Venezuela suelen responder a medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro u otros poderes venezolanos que son denunciadas como violaciones de los derechos humanos por organismos internacionales y la oposición del país caribeño.
El caso de López, que lleva recluido en una celda de una cárcel militar desde febrero de 2014, parece haber sido la gota que ha hecho rebosar el vaso de la defensa a ultranza de la no injerencia, con la que siempre se ha justificado el silencio ante las denuncias.
Ni siquiera la crisis provocada con el cierre de la frontera con Colombia ordenado por Maduro, que ya afecta a la casi totalidad de los pasos terrestres y ha hecho que más de 20.000 colombianos hayan retornado obligados o por propia voluntad a su país, ha generado tantos mensajes de preocupación e incluso de rechazo.
El Gobierno venezolano ha criticado las actitudes “injerencistas” y se ha mostrado especialmente molesto por los comentarios del Gobierno de Chile, al que ha recomendado no “inmiscuirse”.
Tras avisar de que no acepta “lecciones de justicia” de nadie, Maduro ha dicho que si tiene que enfrentar al mundo entero y quedarse solo en defensa de “la libertad, la justicia y la paz” de Venezuela, así lo hará, algo que no va a ocurrir de acuerdo con el “absoluto respaldo” que ha recibido del Gobierno de Cuba, su mayor aliado.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, consideró el miércoles inaceptables las “interferencias o injerencias en los asuntos internos de Venezuela y menos en las decisiones que adopta sobre la base de todas las garantías procesales y el debido derecho por parte de su sistema judicial”.
López, líder del partido opositor Voluntad Popular (VP), fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, referidos a hechos violentos ocurridos al final de una manifestación de la que era uno de los convocantes, el 12 de febrero de 2014.
El canciller cubano subrayó que no es posible que se dé “impunidad” a “actos de naturaleza ilegal, violenta y golpista”, en línea con los argumentos esgrimidos por el Gobierno venezolano.
Sin embargo, organismos internacionales, gobiernos, expresidentes, políticos y artistas han calificado la condena a López de “injusta”, “infundada” y “desproporcionada”, le han catalogado de “preso político” y han puesto en duda la independencia judicial en Venezuela.
El expresidente del Gobierno español Felipe González, acompañado de la esposa de López, Lilian Tintori, ha definido hoy el juicio del opositor como “una burla”.
La mayoría de los países latinoamericanos que han roto su habitual silencio no ha ido tan lejos.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, expresó el miércoles su “preocupación” por la situación interna de Venezuela e instó a que en ese país se respete el debido proceso y se cree un entorno propicio para “unas elecciones libres y transparentes”.
En términos parecidos se pronunciaron antes los Gobiernos de Chile, Perú, Costa Rica y Paraguay, mientras que los de Argentina, Brasil, México y Uruguay callan y el de Colombia está centrado en el problema del cierre de la frontera con Venezuela y la situación creada por el regreso de miles de colombianos.
En Uruguay, dos senadores del gobernante Frente Amplio pusieron en tela de juicio la condena a López, pero el oficialismo exigió después disciplina de voto a todos sus senadores para rechazar que se debatiera una declaración de condena a la sentencia judicial y para pedir la “inmediata liberación” del dirigente opositor.
En México, la senadora opositora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-Organismos Internacionales, ha pedido al Gobierno que abandone su silencio respecto a Venezuela.
“Ya basta del silencio cómplice, ya basta de una prudencia disfrazada de omisión que es lo que ha caracterizado a este Gobierno (mexicano) desde el principio en relación a la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela”, declaró.
Por el contrario, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), a la que pertenecen Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba y Venezuela además de algunos países insulares caribeños, se ha pronunciado contra los que hacen “valoraciones” sobre las “decisiones judiciales” tomadas en Venezuela y les ha acusado de tener un “doble rasero”.