El pasado 5 de enero se dio un paso más en la conspiración que se ejecuta contra el constitucionalismo democrático y sus instituciones. Se trata de un nuevo golpe de estado, de ejecución progresiva, para garantizar el continuismo del régimen, con o sin Hugo Chávez. La integración de la nueva directiva de la Asamblea y el tono de los discursos oficialistas, se ubican dentro de la estrategia golpista. La conspiración está en marcha. No nos sorprende. De manera abierta los principales voceros del proceso preparan a la opinión pública nacional e internacional para el zarpazo. La fecha fijada por la Constitución para la juramentación del presidente electo no admite interpretaciones extensivas. Debe hacerlo ante la Asamblea o el Tribunal Supremo ese día. Si no quiere o no puede, se encargará de la Presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. La Carta Magna también define las circunstancias relativas a la ausencia temporal o definitiva del Presidente electo. Los demócratas verdaderos no pueden salirse de esas normas, a menos que estén dispuestos a asumir las consecuencias que ella misma establece al señalar la obligación de los ciudadanos, investidos o no de autoridad, de desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contradiga sus disposiciones fundamentales.
En estos temas no valen interpretaciones acomodaticias, contrarias a Derecho, así provengan del TSJ. Todos sabemos que está al servicio de la “revolución” chavista, como las ramas del poder público. Por fuera queda la Nación. Es decir, la gente, el ciudadano común que no vive de la política, ni de los partidos, ni de los gobiernos. Esa persona humana que sufre y espera un destino mejor, que quiere alcanzar la seguridad de su familia.
Maduro y Cabello califican de “formalismos” las normas constitucionales. Ellos saben que en derecho público, las formas son parte del fondo. Lo condicionan. No son tan ignorantes, aunque parecieran. Sus asesores pregonan la idea de la revolución permanente. No puede estar sometida a la camisa de fuerza de un orden jurídico estable. Perdería su condición revolucionaria. En consecuencia, primero van los hechos y después el Derecho. La base jurídica será siempre flexible, relativa, sujeta a interpretación de órganos bajo control. Así se pretende prolongar indefinidamente la revolución, con Chávez vivo, enfermo, incompetente para gobernar e incluso, muerto. Olvidemos eso de elecciones o separación de poderes. La oposición debe sacudir ese estado de ánimo, de cierta resignación conformista o pesimista.