“¡Claro que hubo atropellos!”, relata una de las integrantes de la cooperativa minera La Constituyente, sobre los desalojos por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en las operaciones Alto Caura y Arekuna, en El Manteco, municipio Piar. Tanto la población civil como indígena, que insisten en que hubo exceso y violación de derechos humanos, no se han quedado de brazos cruzados y también han lanzado cohetes contra castrenses; advierten que las acciones de los uniformados sirvan de telón para elevar el cobro de vacunas en la zona, informa Correo del Caroní.
Natalie García
Impotencia, molestia e incertidumbre es lo que sienten mineros e indígenas desalojados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante el desarrollo de las operaciones Alto Caura y Arekuna, el fin de semana. Los afectados en El Manteco, municipio Piar, manifestaron este martes e intentaron incluso actuar en contra del Destacamento Rural 89 de la Guardia Nacional (GNB) ubicado a la entrada de la población.
En dos ocasiones lanzaron cohetes para dentro del lugar, lo que obligó una acción de cierre de la población, en la cual los castrenses no dejaban entrar ni salir a las personas, informaron algunos voceros.
Carmen Salazar, de la cooperativa minera La Constituyente, confirmó que durante el operativo militar efectuado el fin de semana hubo “excesos” por parte de las autoridades; su hermana Nirva Salazar fue afectada, pues su comercio fue quemado sin que le dejaran sacar la comida, neveras y objetos de valor.
“Mi hermana salió de la mina en el Supamo Parapapoi porque tiene una bacteria en el estómago. Mi hijo quedó encargado y ellos quemaron todo y hasta un frízer se lo llevaron en el helicóptero, pero lo demás lo quemaron. Mi hermana vivía de eso, y tiene cuatro hijos. ¡Claro que hubo atropellos! Pero también la gente aquí en El Manteco está provocando a los militares, el lunes tiraron un cohete para el comando y hoy (martes) también… y eso no puede ser. Hay que llamar a la reflexión y que el Gobierno venga a sentarse con nosotros”, apunta la minera.
 Los mineros tomaron las afueras del comando en El Manteco tras las acciones militares |
Oportunidades posibles
Salazar junto a otros dirigentes lleva casi un año en conversaciones con diputados como Fernando Soto Rojas, de la Asamblea Nacional miembro de la Comisión de Energía y Minas y expresidentes del Parlamento, con la intención de conseguir la legalización de la explotación minera a pequeña escala en algunas zonas ya impactadas, y que años antes fueron concesiones activas.
“Yo estoy de acuerdo con que hagan cierta limpieza en la zona, pero también quiero que la CVG y el gobierno nos den las áreas para trabajar como era antes. Si nos desalojan, que vengan a ver ellos mismos la realidad, aquí no hay trabajo, no hay cómo vivir y hay la oportunidad de las minas porque eso ya se hacía antes”, reitera.
La dirigente, quien lleva más de 40 años siendo minera, recuerda que hay 27 mil 900 hectáreas aptas para la actividad, lo que implicaría dar trabajo a miles de mineros que actualmente deben trabajar en la clandestinidad.
“Somos 3 mil 500 personas, sabemos que el Decreto 8.413 nos elimina, pero creemos que hay una posibilidad y llamo al diputado Soto Rojas a que defina el acuerdo que comenzamos, yo metí muchos papeles, queremos trabajar, que nos evalúe ambiente, que vengan todos pero que haya trabajo”, agregó.
Salazar a su vez hizo un llamado a los mineros para que “no caigan en la violencia” y pese a lo ocurrido agoten la vía del diálogo. “Ya la gente una vez quemó la policía y no podemos caer en eso. Yo así como critico una cosa debo ser honesta con la otra, y la violencia y estas actitudes -querer tomar el represalias- no beneficia a nadie, pero las autoridades y el gobierno debe venir para ofrecer respuestas”.
Molestia nativa
Javier Márquez, dirigente indígena y habitante de la comunidad El Plomo próxima a Arekuna, donde las FANB explotaron algunas máquinas mineras el fin de semana, rechazó las actuaciones castrenses y reafirmó que hubo “exceso de autoridad, atropellos y violaciones a los derechos humanos” en la puesta en práctica de los operativos.
El vocero miembro de la etnia Pemón del Alto Paragua estuvo también en El Manteco este martes y corroboró que los mineros estaban ejerciendo acciones en contra del comando militar en protesta por lo sucedido.
“El mayor general Clíver Alcalá (comandante del REDI) dice que en las zonas indígenas se aplauden los operativos, cosa que es totalmente falso. Yo rechazo el atropello del que es víctima el pueblo indígena y no temo a las acciones que anunció el mayor general (este lunes). Creemos que eso tiene un contenido psicológico con la intención de elevar el cobro de vacunas en la zona”, denunció.
Comentó Márquez que en El Plomo y Arekuna fueron quemados los campamentos sin que dejaran siquiera sacar la comida a las personas, además de someterlas a “maltratos” y lo que él considera “abuso de autoridad”.
¿Complicidad militar?
Indicó que presuntamente “algunos militares colaboran con la actividad minera recibiendo vacunas” y sostuvo que se habla de minería ilegal aun cuando no hay minería legal a pequeña escala en ninguna parte del estado.
“¿Dónde hay minería legal?, que me digan dónde para que reubiquen a las personas y puedan trabajar. Puedo hablar con propiedad y sostengo que nunca se ha acabado la minería, siempre la ha habido sólo que ahora está bajo la protección de los militares”, declaró.
Sobre el porqué las comunidades indígenas ejercen la minería, aún sabiendo que es ilegal, Márquez indicó que se trata de la única forma de trabajo que ofrece una rápida remuneración, con la cual satisfacer las necesidades que tienen en sus sectores, muchas veces carentes de los servicios básicos.
Añadió además que los funcionarios militares están pasando por encima de las autoridades indígenas, y no han acudido a conversar con los capitanes de los sectores para evitar situaciones como las del fin de semana, por la cual se sienten agredidos.
“A lo mejor me tilden de opositor, o me digan esto o aquello, pero soy indígena y por encima de cualquier cosa está la lucha por la causa indígena que no tiene color político”, aseguró.
Solución gubernamental
Javier Meza, líder pemón, criticó las declaraciones del mayor general Clíver Alcalá Cordones, comandante de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI) y lanzó al aire un cuestionamiento y reflexión “si durante mucho tiempo se ha ejercido la minería ilegal nos preguntamos ¿dónde estaba el mayor general? ¿Será que está llegando hoy a la región? ¿Por qué ahora estos operativos?”.
Recordó el vocero que cuando los indígenas han alertado sobre situaciones que involucran a militares, son ellos los que resultan investigados y no los funcionarios. “En Musukpa los militares fueron agarrados ejerciendo minería -octubre del 2011 cuando 19 funcionarios fueron desarmados y amarrados por pemones- en el Paragua y qué pasó, nada, terminaron investigados los indígenas”, lo que a su juicio desacredita la actuación castrense.