Escribía la periodista Patty Fuentes Gimón, el 20 de enero de 2011 en una crónica en el diario TalCual que “los hermanos Narciso y Benito tenían un bar restaurante en el pueblo Guanayén. Casi todas las noches acudían varios policías de Aragua a consumir alcohol y se retiraban sin cancelar la cuenta. Una noche, los Barrios reclamaron a los funcionarios, quienes respondieron con amenazas de muerte.”
Y cuenta Eloísa Barrios en una nota de prensa emitida en noviembre de 2012 que “después que los funcionarios policiales asesinaron a mi hermano Benito continuaron amenazando de muerte, hostigando, deteniendo arbitrariamente y asesinando a mis familiares”.
Al asesinato de Benito Barrios, le sucedieron el de Narciso Barrios (2003), Luis Alberto Barrios (2004), Rigoberto Barrios (2005), Oscar José Barrios (2009), Wilmer José Flores Barrios (2010), Juan José Barrios (2011), Víctor Navarro Barrios (2011) y Jorge Antonio Barrios Ortuño, que fue asesinado el 15 de diciembre de 2012 y era testigo de la tortura producida a su padre Benito y testigo clave en la identificación de los responsables. Igualmente era testigo en la muerte de su tío Narciso Barrios, asesinado en 2003.
Numerosas han sido las denuncias y recursos que han interpuesto a lo largo de estos años la familia Barrios y diversas organizaciones de DDHH ante prácticamente todas las instancias judiciales nacionales e internacionales con competencia en materia de Justicia y Derechos Humanos. Los miembros de esta familia poseen medidas de protección de la CIDH desde el año 2004, que, como se demuestra en su caso, no han sido en absoluto efectivas dentro del territorio venezolano. En 2011 la Corte Interamericana emitió sentencia en el caso Familia Barrios contra Venezuela y declaró la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la ejecución extrajudicial de Benito Antonio y Narciso Barrios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al deplorar -el 18 de enero de 2012- la muerte del noveno miembro de esta familia dice que “la familia Barrios está siendo exterminada frente a la inacción del Estado, que ha ignorado los llamamientos, decisiones, recomendaciones y órdenes de los dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” pero la Fiscal General de Venezuela responde este fin de semana que “independientemente de la Corte, nosotros como Ministerio Público le hemos otorgado medidas de protección. No es que no hemos cumplido: nosotros, haciendo abstracción de las medidas de la Corte, hemos solicitado a los tribunales y hemos ordenado a los cuerpos policiales que les ofrezcan protección a ellos. Estamos investigando ese caso”.
Estamos ante un caso que ejemplifica, dolorosamente, el estado en que se encuentran la justicia y el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela. Los miembros de esta familia no son las únicas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de prácticas policiales que violan la integridad, los derechos humanos y la Constitución en Venezuela, pero son un símbolo porque desde que se produjo la primera muerte, han denunciado y acusado a los efectivos policiales responsables que, amparados en la impunidad y en la ceguera de quienes manejan la justicia y los cuerpos policiales, han continuado matando y exterminando a esta familia.
@mlhccs