La dirigencia política sigue de cerca las desventuras de los presos y exilados políticos, de los perseguidos, de los sometidos al acoso físico e institucional por los ejecutores de la violencia y de la represión del régimen. Es necesario. No desmayar en el seguimiento, ni descansar en la denuncia dentro y fuera del territorio, es un deber imperativo que no podemos descuidar.
Lamentablemente la insensibilidad oficial deja sin efecto los esfuerzos que se hacen. Tal cosa sólo es explicable porque se trata de una política estudiada y definida para atemorizar, desmoralizar y, con ello, paralizar unas voces disidentes cada día más criminalizadas penalmente.
Pero en esta ocasión, debemos abordar, nuevamente, el tema de los mal llamados presos “comunes”. Ciudadanos sin dolientes de mayor importancia, provenientes de familias poco conocidas y sin relación con sectores poderosos. Tienen dificultades para sostener sus causas en los tribunales y hasta para llegar a ellos. La mayoría está sin debido proceso y sin esperanza de un mañana mejor. No pertenecen a la categoría del crimen organizado fuera de los sitios de reclusión, aunque algunos quizás hayan prestado algún servicio y luego, abandonados a su propia suerte. Normalmente quienes permanecen en las estructuras del crimen organizado, están vinculados a sectores poderosos de la vida nacional, incluidos el alto gobierno y grupos económicos, sociales y militares que gozan de la total impunidad garantizada por el régimen.
Quienes carecen de semejantes recursos, fácilmente caen en manos de pandillas de autodefensa en los sitios de reclusión. Están dirigidas por los llamados “pranes” y progresivamente logran tener contactos importantes con el crimen organizado, llegando a disponer de recursos económicos y materiales tales que, por la vía de las complicidades con las autoridades internas y externas, se garantizan un mínimo de seguridad. Esto se mantiene hasta que las diferencias internas, los pases de factura y las tensiones con quienes los proveen de armas e impunidad, provocan enfrentamientos con saldos de decenas de muertos y centenares de heridos en cada confrontación.
El caso Uribana es un ejemplo dramático. Hasta el domingo había 62 muertos y 120 heridos registrados. Van 723 desde que Iris Valera fue nombrada ministra del ramo. Nadie da la cara. Reinan el disimulo y la mentira. La vida no vale nada en las cárceles, ni en la calle.