Hace 6 meses publicamos un artículo en contra de la ministra Iris Varela. El título era muy fuerte: “Ministra Varela, no sea imbécil” (http://is.gd/inIdlv); sin embargo los planteamientos allí expresados aún siguen vigentes, pues no existe a la fecha respuesta por parte de este ministerio. Lo más grave es que continúa la crisis carcelaria en Venezuela, siendo el último suceso “La Masacre de Uribana”, moralmente inaceptable para un país.
Desde Control Ciudadano (www.controlciudadano.org) venimos observando con indignación un proceso de “limpieza carcelaria” que viene adelantándose en Venezuela contra privados de libertad, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios con apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, componente de la Fuerza Armada Nacional, en el que a través de requisas, intervenciones carcelarias o inspecciones se ha llegado al punto de generar masacres colectivas de reos.
Más grave aún, pareciera estar consolidándose el uso de la fuerza mortal como regla de enfrentamiento en el control de privados de libertad, un patrón de conducta por parte de la Guardia Nacional Bolivariana que en procedimientos de intervención de las cárceles se vincula claramente con la “limpieza carcelaria” a la que apunta frecuentemente la ministra Varela, lo cual es una conducta ilegal y moralmente inaceptable que genera responsabilidad nacional e internacional al Estado venezolano por violación de derechos humanos.
La masacre de Uribana no puede quedar impune. Los agentes estatales involucrados en los asesinatos allí cometidos deben responder ante la Ley, pero hay más, el Ministerio Publico debe exigir a la brevedad como medida cautelar preventiva al Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa, Comandante General de la Guardia Nacional, informe detalladamente sobre las reglas de enfrentamiento o reglas de empeñamiento de ese componente de la Fuerza Armada Nacional para el caso de requisas e intervenciones en todos los centros para privados de libertad bajo su responsabilidad, así mismo informe al Ministerio Público permanentemente sobre los nombres de los comandantes y personal militar adscrito a los destacamentos, compañías y pelotones, que sirven de custodia y seguridad a centros para privados de libertad, en al menos 19 estados del país.
Ya no puede seguir acusándose a la cuarta república de las muertes que ocurren en las cárceles venezolanas.
Van 14 años de gobierno del presidente Chávez y más de tres años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (24 de noviembre de 2009) solicitó medidas provisionales de protección para Uribana, como las ha solicitado también para el Internado Judicial de Monagas (La Pica), el 09.02.2006, el Centro Penitenciario de la Región Capital (“Yare I y II”), el 30.03.2006, el Internado Judicial de la Región Capital (“Rodeo I y II”), el 08.02.2008 y el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) el 29.10.2010.
A la ministra no la asiste la razón ni la justicia como ha declarado ayer. La asiste la incapacidad y muy probablemente en un futuro inmediato la responsabilidad penal por graves violaciones a los derechos humanos.