El Ministerio Público conformará un equipo de trabajo para evaluar las medidas sustitutivas dadas a los excomisarios de la extinta Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, condenados a 30 años de prisión por su responsabilidad en los asesinatos ocurridos el 11 de abril de 2002, pero que actualmente gozan del beneficio de casa por cárcel.La información la aportó este viernes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, tras una reunión con familiares y víctimas del golpe de Estado de abril de 2002.
“El Ministerio Público va a estructurar un equipo de trabajo para que, conjuntamente con la colaboración de las víctimas, avancemos en la respuesta y el resultado, para que haya justicia en estos casos”, declaró Ortega.
“Se debe verificar si la situación de salud en la que ellos se encontraban fue superada para que vuelvan a su anterior situación”, comentó Ortega sobre los excomisarios Vivas y Forero.
La fiscal agregó: “Los familiares y las propias víctimas han solicitado al Ministerio Público que estemos atentos a una medida humanitaria que está solicitando (Iván Simonovis), uno de los excomisarios que se encuentra privado de libertad”.
Añadió que también recibieron la solicitud de “revisar todas las causas que todavía están pendientes por concluir en la investigación” sobre el golpe de Estado de 2002.
Ortega Díaz recordó que en abril de 2002 “se produjo en Venezuela un golpe de Estado y, además, graves violaciones a los derechos humanos, porque los cuerpos policiales arremetieron contra la población, resultando un grupo de venezolanos fallecidos y otros tantos con heridas graves que le produjeron discapacidad a algunos de ellos. Con ocasión a eso, se inició una investigación por las cuales muchos de los responsables fueron condenados”.