¿Es la boina roja de la revolución una licencia de corso para saquear al Estado? ¿Basta definirse de izquierda para que la corrupción administrativa se convierta en un acto digno y loable? La sociedad española se encuentra hoy revuelta hasta las entrañas por las constantes denuncias de corrupción y la publicación de los papeles de Bárcenas que acusan a los miembros del Partido Popular de recibir comisiones. Es una sociedad sensible a la corrupción que reacciona, protesta y pide rendición de cuentas a sus gobernantes. Pero los casos de corrupción española parecen biberones para niños de pecho al lado de los venezolanos. Los 22 millones de euros que el Sr. Bárcenas acumuló en Suiza después de 35 años de trabajo político lucen una simple propina al lado de los millardos de dólares que los jóvenes boliburgueses acumulan en pocos meses. En España, por lo menos, los aeropuertos, los trenes y las carreteras existen. La diferencia importante no está en el acto de corrupción en sí, sino en la reacción de la población, en su indignación y protesta. En Venezuela, nadie se inmuta. ¿Por qué ni siquiera la bancada parlamentaria de la oposición se ha preocupado por elegir al Contralor General de la República, muerto en el 2011? ¿Por qué se ha dejado tan importante poder del Estado en manos de un funcionario encargado?
En Venezuela, la corrupción administrativa ha dejado técnicamente de existir. En el pasado, corrupción era la apropiación privada de lo público. Pero hoy en día se han borrado las fronteras entre lo privado y lo público, entre lo que pertenece a la nación y lo que es de la revolución. El Estado es el coto exclusivo de un partido, de una secta privada. Y cuando más de la mitad de los ingresos de una nación se manejan como una cuenta personal sin contraloría, cuando ya no hay cohecho ni usurpación de lo público porque lo público es de todo y lo que es de todos es mío, la corrupción deja de ser discernible y deja de producir indignación y movilización política.