En un cambio de tendencia que preocupa a los activistas, las autoridades indias han ahorcado a dos reos islamistas tras ocho años sin ejecuciones, una decisión que no pocos tachan de electoralista.
Igor G. Barbero/EFE
La horca fue el destino este sábado del cachemir Afzal Guru, al que el aparato de seguridad indio había vinculado con un atentado de 2001 contra el Parlamento nacional en Nueva Delhi, en el que murieron ocho policías y los cinco asaltantes.
El pasado noviembre ya había sufrido la misma suerte Mohamed “Kasab”, el único terrorista que fue capturado con vida durante los ataques lanzados por un comando paquistaní hace casi un lustro en la ciudad de Bombay, en los que murieron 166 personas.
Ambas acciones terroristas despertaron una enorme indignación en la India, que vio en las dos la mano del vecino Pakistán.
En el primer caso, Nueva Delhi desplegó cientos de miles de soldados en la frontera con Pakistán y se habló de guerra nuclear; en el segundo, suspendió el proceso de diálogo con este mismo país, con el que rivaliza desde la independencia de ambos, en 1947.
“Cualquier clemencia con el autor de un ataque terrorista contra el Parlamento hubiera sido la decisión incorrecta”, alegó tras la última ejecución el secretario general del gobernante Partido del Congreso Digvijay Singh.
Más allá de las justificaciones, las muertes de Kasab y Guru han puesto fin a una larga moratoria no oficial en la aplicación de la pena capital en la India, donde la anterior ejecución -de un acusado de violar y asesinar a una colegiala- había sido en 2004.
Los dos últimos presidentes, Abdul Kalam y Pratibha Patil, se habían mostrado reacios a sancionar penas de muerte, contempladas solo en casos “rarest of the rare” (“el más extraordinario entre los extraordinarios”), como delitos de especial violencia o alevosía.
Kalam y especialmente Patil optaron por conmutar este castigo -que debe ser ratificado por el Supremo y el Ministerio del Interior- por cadenas perpetuas, algo que confirmaba una tendencia en la India en las últimas décadas a abolir la pena capital.
Con la llegada este verano a la Presidencia de Pranab Mukherjee, un peso pesado del Partido del Congreso, se ha registrado, no obstante, un cambio de actitud.
“En el caso de Kasab había una gran presión pública y el sentimiento de que se debía hacer algo de justicia. Pese a no apoyarlo, lo entendemos”, razonó a Efe la directora de Human Rights Watch para el sur de Asia, Minakshi Ganguly.
“Con Guru también había presión, pero su caso ha suscitado mucha controversia”, agregó la activista, en referencia a las dudas que muchas voces han planteado sobre la transparencia del proceso judicial que lo condenó a la horca.
En una columna en el diario The Hindu, la reputada escritora Arundathi Roy opinó que “en la parte más crucial del juicio, cuando se presentan pruebas y se examina a testigos (…) Guru estaba aislado en una celda y no tenía abogados”.
“Ahora que ha sido colgado, espero que nuestra conciencia colectiva esté satisfecha. ¿Está el vaso de sangre medio vacío o medio lleno?”, afirmó Roy.
Para la activista Ganguly, las dudas en el último caso “muestran la necesidad de retomar la moratoria”, pues en la selección de los reos que se someten a la horca entran en juego factores como la nacionalidad, la religión o el tipo de crimen que son objeto de “múltiples interpretaciones” y por extensión de discordia.
“En los últimos 20 años el terrorismo se ha utilizado para demonizar a los musulmanes. En muchos ataques que fueron atribuidos a musulmanes, se probó después que los autores eran hindúes”, afirmó a Efe por su parte la activista Shabnand Hashmi.
La directora de la organización defensora de los derechos humanos ANHAD se preguntó si el Gobierno se atreverá a aplicar el mismo castigo a reos de otro perfil, como por ejemplo los tres tamiles condenados por el asesinato del exprimer ministro Rajiv Gandhi.
Hashmi subrayó que de estas decisiones se deduce una necesidad de aplacar críticas del principal oponente político, el hinduista Bharatiya Janata Party (BJP), pues “las elecciones están a la vuelta de la esquina (en 2014)” y a ellas concurrirán probablemente candidatos nuevos por ambas fuerzas.
Y para este partido opositor, que ya gobernó el país entre 1998 y 2004, “las ejecuciones son parte de la culminación de un proceso” y en ambos casos los condenados “cometieron graves crímenes contra la India y tuvieron un proceso judicial adecuado”.
“La moratoria fue causa de la inacción, pero aunque tarde se han dado cuenta. Si regresamos al poder no significará que haya más ejecuciones, sino simplemente que se cumplirá la ley”, dijo a Efe el principal portavoz del BJP, Ravi Shankar Prasad. EFE