Días atrás, la hija del Comisario Iván Simonovis imploró al ejecutivo nacional por la salud de su papá. Le llevó personalmente una carta al Sr. Nicolás Maduró, pidiendo le fuera otorgada una medida humanitaria para que su papá pudiera ser atendido de las graves patologías que presenta, sobre todo a nivel óseo, precisamente por las condiciones de reclusión al cual ha sido sometido. La respuesta no sólo fue inhumana sino inconstitucional, ya que la medida humanitaria solicitada esta contemplada en nuestros sistema legal y además el derecho a la salud y por lo tanto a la vida, es un derecho humano, no sólo protegido en nuestra Constitución, sino en los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por Venezuela.
Iván Simonovis esperaba que el Tribunal le concediera el jueves 30 de Enero, la medida humanitaria solicitada por su defensa, pero la audiencia fue diferida para el 15 de Febrero debido a que el médico forense no recibió la citación para su comparecencia en dicho Tribunal. Es decir, para la “justicia venezolana” el derecho a la salud de Iván Simonovis, que el Estado tiene la obligación de garantizarle y suministrarle oportunamente al estar bajo su custodia, puede esperar. Al parecer, no importa que ya físicamente Simonovis presente patologías difícilmente recuperables. Es importante recalcar que no sólo los injustamente encarcelados presentan consecuencias físicas y psicológicas por el ensañamiento y crueldad con la que han sido tratados, sino también todo su entorno familiar. Lo que expresa Ivana Simonovis en su carta, es una muestra de ello.
Mientras tanto se habla de investigar las presuntas torturas sufridas por ciudadanos venezolanos en gobiernos anteriores. Me parece justo para las personas que las sufrieron y sus familias si así fue, ya que ningún delito debe quedar impune. Pero deberían comenzar por revisarse así mismos e investigar las denuncias de torturas, desapariciones y ejecuciones forzosas que han realizado ciudadanos venezolanos y organizaciones no gubernamentales, no sólo ante los organismos nacionales competentes, sino en distintos organismos internacionales , durante estos últimos 14 años. Por ejemplo, ¿Porque no comenzar con las terribles torturas sufridas por los hermanos Guevara en la Disip y denunciadas públicamente en su juicio? ¿O las torturas infringidas al TCnel (GN) Humberto Quintero en la DIM, que el propio tribunal que lo juzgó ordenó investigar y no se ha hecho? O el caso de Raúl Díaz, quien también estuvo preso en el SEBIN, y cuya sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado venezolano, provocó que Venezuela denunciara la Convención Americana con el propósito de salirse de dicho Organismo Internacional. En esta sentencia, se determinó que “los servicios de asistencia médica durante su detención no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa, contribuyendo al deterioro progresivo de su salud (…)” y “las condiciones de detención de Díaz no cumplieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno”. En este caso, La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó al Estado venezolano “adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de detención en el Control de Aprehendidos, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia”.
Nos preguntamos entonces, si la crueldad que muestran aquellos que se dicen socialistas y revolucionarios, que hablan del respeto a los derechos humanos de ellos pero no respetan los derechos humanos de los demás, que claman solidaridad pero no son solidarios, será la mejor virtud de este Socialismo del Siglo XXI?