Cada vez son más las ocupaciones ilegales que se ven en calles, avenidas y hasta en zonas de interés turístico. La ley es clara respecto a las sanciones cuando se irrumpe en una propiedad privada, informa El Sol de Margarita.
Al recorrer la avenida 31 de Julio se observan los resultados del trabajo en materias de limpieza, demarcación vial, iluminación y desmalezamiento.
Por Jennifer Hrastoviak
Asimismo se observa menos cantidad de basura, mayor presencia policial y hasta puntos de control.
Estos trabajos forman parte de un plan de promoción turística del Gobierno regional, conjuntamente con Corpoelec y la Alcaldía de Antolín del Campo, para mejorar la imagen de la Isla como destino en temporadas.
A un paso de la Semana Santa existe un punto en contra y son las invasiones, particularmente en un municipio de interés turístico como es Antolín del Campo.
En esta jurisdicción reposa 80% de las instalaciones hoteleras de la región y esto representa una gran afluencia de turistas nacionales e internacionales.
En las adyacencias de un conocido complejo hotelero ubicado en playa El Agua, se puede observar cómo un par de infraestructuras que fueron diseñadas para fines turísticos son ocupadas ilegalmente por cientos de familias que necesitan una vivienda.
Estas personas justifican su acción diciendo que el mismo gobernador Mata Figueroa fue quien los apoyó y albergan la esperanza de que algún día formen parte de los adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“A nosotros nos apoya Mata, nosotros no somos unos delincuentes; nosotros necesitamos vivienda”, esbozó una de las habitantes de este lugar, quien no quiso revelar su nombre”.
Justo al frente de una de estas ocupaciones ilegales se encuentran alrededor de 80 casas que fueron adjudicadas por la Misión Vivienda Venezuela a familias damnificadas luego de la vaguada de 2010.
Desde hace tres años, los gremios que agrupan hotelería, comercio, empresas y turismo y autoridades municipales solicitan a los entes gubernamentales competentes poner coto a esta situación.
Existe interés por parte del gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, de ponerle fin a esto, como lo manifestó con el caso Corocoro. Sin embargo, el llamado es a que se aplique el peso de la ley a quienes invadan.