La corta campaña electoral apenas comienza oficialmente y ya despunta el abanico de abusos que en cada proceso aumentan tanto en cantidad como en gravedad. Se puede afirmar, sin dejar espacio para las dudas, que las leyes y normativas que rigen las elecciones en Venezuela están desaplicadas. Al menos para una de las partes.
La red de medios públicos es el vehículo de transmisión oficial del candidato del gobierno, haciendo una especie de cadena en radio y televisión. Todas las sedes de ministerios, empresas del estado y oficinas públicas, tienen su aparato de campaña montado. Algunos, incluso, con música, entrega de volantes, afiches y hasta un quiosco especial para repartir los materiales de propaganda. Hay más, funcionarios de la Fuerza Armada, algunos de altísimos cargos, declarando públicamente sus preferencias. Uso desmedido de los recursos del Estado, incluyendo, más allá del dinero, autobuses, aviones y hasta personal para hacer bulto en las concentraciones.
Son muy visibles las acciones directas en contra de los actos del candidato que adversa al oficialismo. Se han reportado ataques de grupos violentos, acciones para impedir la realización de eventos, sabotajes eléctricos, impedimentos viales, cierre de aeropuertos, cadenas para impedir la transmisión privada de concentraciones y marchas.
Está claro que esta contienda, como muchas otras, no es precisamente un ejemplo de igual trato y equilibrio administrado por la autoridad electoral. Al contrario, si se agregan todas las variantes de ventajismo y las violaciones legales, más que un categórico estímulo al votante, se convierte en un mensaje desalentador y generador de trabas para el ejercicio de un derecho que requiere transparencia y justicia para su ejercicio. Todavía hay tiempo.
No obstante, a pesar de todo, hay que votar. Ejercer el derecho a elegir es inherente a la democracia y al ciudadano. No votar no es una opción.