La identificación o preferencia política es derecho del ciudadano. Eso está en la esencia de la democracia. Sin embargo, desde una posición de poder y pública influencia el ejercicio de ese derecho puede convertirse en un abuso intolerable, sobre todo si en nombre de esa militancia, por legítima que ella sea, se causa daño a un patrimonio público o privado.
En el caso de PDVSA, es notorio el daño que se le hace a la república cuando se la gerencia como si fuese dependencia privada de un partido político y se utilizan sus recursos financieros, humanos, logísticos, etc. –los cuales son patrimonio de todos los ciudadanos- en servicio de una candidatura presidencial. Esto se convierte en flagrante delito cuando tal desviación causa daño económico a un patrimonio administrado, sea éste patrimonio público o privado. Quien tal hace se coloca en terrenos de simple ilegalidad no sólo política, sino penal.
Unas recientes y particularmente atrevidas declaraciones del ministro-presidente Rafael Ramírez son una confesión de esta conducta posiblemente delictiva. El ministro-presidente de PDVSA, en una entrevista divulgada en diversos medios internacionales, es preguntado sobre el proceso electoral de abril en los siguientes términos:
– Como presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ¿qué postura mantiene ante estas elecciones?
Ramírez responde:
-Los trabajadores de la empresa estatal están «resteados» con el comandante Hugo Chávez y, además, altamente politizados, ya que toda Pdvsa estará a favor de la campaña presidencial de Nicolás Maduro como candidato oficialista. Estamos en primera fila de la actividad política y quiero que esto quede claro para todo el mundo. Ahí vamos a estar. Nosotros no vamos a poner en riesgo todo lo que nuestro pueblo ha alcanzado, la existencia misma de esta industria.
Ramírez habla de una empresa cuya obligación primaria y fundamental es generar riqueza por la producción, refinación y comercialización del petróleo y del gas. Dentro de las leyes y de los propios estatutos que rigen a PDVSA no cabe eso de estar “resteados” con un proyecto político, un partido o una candidatura.
Además de ser la confesión de un grave delito político, la declaración de Ramírez incluye una confesión civil y penal. Evidencia que el mal manejo de la industria y el daño patrimonial así causado son parte de una conducta premeditada en la cual el patrimonio nacional confiado se usó para fines distintos de los intereses de la Nación. Explica en su origen doloso por qué, por ejemplo, la producción petrolera se estanca a pesar de los continuos ofrecimientos de llevar la producción a 4 y 5 millones de barriles diarios. Explica además el abandono de las instalaciones petroleras incluido el sistema de refinación -han tenido que admitir que la refinería de Amuay solo procesa 358 mil barriles diarios cuando su capacidad es de 635 mil barriles diarios, y por ello debe PDVSA importar combustibles para atender las necesidades del mercado interno y el compromiso con clientes como China. Es un daño patrimonial causado a propósito, según propia confesión de la parte.
Por este comportamiento ilegal PDVSA carece hasta de una estrategia comercial que le permita enfrentar un negocio petrolero en donde Venezuela ahora está rodeada de competidores cercanos como Brasil y Colombia, y que no tenga respuesta a las nuevas tecnologías. Pero además esas declaraciones se convierten en un espanto para los inversionistas tanto de empresas petroleras como financieras (necesarias para reactivar la industria), que no ven a PDVSA como una empresa propiamente dicha sino como un instrumento político en cuya solvencia no se puede confiar.
No es corriente el espectáculo de un gerente confesando la manera ilegal con que ha manejado una empresa, sobre todo cuando esos métodos han hecho un daño patrimonial de enormes proporciones.
@JFernandeznupa