La universidad venezolana, republicana, autónoma, democrática y popular siempre ha sido una institución al servicio de toda la sociedad. Sus aportes representan lo que en la actualidad somos como Estado y nación.
Desde su creación, a mediados del siglo XVIII (1721) se caracterizó por su visión amplia y crítica en la formación de hombres libres al servicio del pueblo.
La universidad venezolana ha contribuido con la construcción del pensamiento científico y tecnológico en cerca del 98% del acervo intelectual del país.
Sin embargo, precisamente por construir un pensamiento crítico, contestatario y pedagógico ha sido vista, por la casi totalidad de los gobiernos que han estado al frente del Estado, como riesgosa a los intereses mezquinos de grupos políticos, militares, religiosos, generalmente autoritarios, ortodoxos y fanáticos.
De esta manera, la universidad republicana, autónoma, democrática y popular ha visto sus aulas ocupadas por sectores militares que allanaron su Alma Mater, bien en la dictadura de Pérez Jiménez o en el gobierno de Rafael Caldera. De igual manera, la creación del Consejo Nacional de Universidades y la llamada Oficina de Planificación del Sector Universitario, fueron estructuras impuestas para restarle autonomía presupuestaria y académica a la universidad venezolana.
Ahora se pretende allanar a las universidades al otorgar el mínimo presupuesto para su funcionamiento. Presupuesto que apenas sirve para cancelar nómina de personal y servicios, como electricidad, telefonía, agua, transporte y comedor para estudiantes.
Las áreas de extensión universitaria (trabajo en comunidades) e investigación se han reducido a lo mínimo. Las estadísticas del último Núcleo de directores de los Consejos de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológicos (CDCHT), indican que el presupuesto asignado a la investigación no alcanza el 1% del presupuesto total del sector universitario. Siendo que en 30 años (1982 – 2012) la investigación de primerísimo orden en Venezuela, lo han venido realizando instituciones públicas, como el IVIC, UCV, ULA, USB y UC, mientras publicaciones de investigación educativa de prestigio académico, como Kaleidoscopio, en la UNEG, registrada en el LatinIndex, como una de las más prestigiosas de América Latina, han tenido que detener su proceso de edición por falta de presupuesto.
Los miembros del CDCHT han advertido que la producción de conocimiento científico y humanístico, de excelencia académica, se ha reducido en un 37,5% en los últimos 4 años.
Esta cifra es alarmante en un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo y sin embargo, el actual gobierno, al restarle presupuesto a las universidades, evidentemente desprecia el conocimiento académico del docente venezolano.
No es posible mantener un cuerpo académico de primer orden, dictando cátedras en las distintas universidades y centros de investigación, con unos sueldos que no alcanzan el salario mínimo nacional. Las asociaciones universitarias, junto con su federación (FAPUV) han advertido que los sueldos y salarios no compensan el ejercicio para el cual han sido formados los profesionales que se desempeñan en la academia universitaria venezolana.
Cada año el registro académico internacional observa a Venezuela como uno de los países en Latinoamérica que mantiene un descenso permanente en sus estándares académicos. Para finales de 2012 Venezuela ha descendido del puesto 6, detrás de Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia; al puesto 7, ahora detrás de Cuba, con universidades claramente vistas como de segunda y tercera categorías.
Mientras países, como Brasil ubican a sus universidades como las primeras en Latinoamérica y entre las primeras 100 a escala mundial, Venezuela apenas puede mantenerse en los registros del Consejo de Investigaciones de España, el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Shanghai, o la Webmétrica, con poca visibilidad en los registros cibernéticos y mucho menos, entre los centros académicos de excelencia a escala mundial.
La restricción presupuestaria que mantiene el gobierno contra la universidad republicana, autónoma, democrática y popular, se debe a una bien planificada estrategia desarrollada desde hace varios años para ocupar las universidades y centros de investigaciones. De hecho, ya existen universidades pequeñas que han sido intervenidas e incluso, han destruido sus Consejos Universitarios. Tal parece el caso de la Universidad Experimental del Yaracuy, donde solo existe un rector quien ordena y decide.
La garantía de una victoria de los universitarios sobre este gobierno inepto, interventor y autoritario es mantener un conflicto donde la comunidad universitaria esté unida: estudiantes, personal de servicio, administrativo, y docentes. Esa es la única forma de enfrentar la solapada intervención contra nuestras universidades.
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