La coordinadora de la comisión de derechos humanos de la Unidad, Delsa Solórzano indicó que a través del correo electrónico denunciaempleadopu
Acompañada por un grupo de afectados del Ministerio Público, Banco Bicentenario, Banco Agrario, Pdvsa, La Estancia y Seniat; Solórzano aseguró que han llevado, con apoyo legal gratuito, estos casos a los tribunales nacionales y a la Inspectoria del Trabajo. Asimismo, resaltó que no repararan en llevar el expediente de los afectados a las instancias internacionales, para que sean resguardados y restituido el derecho al trabajo de los afectados.
Por su parte, Rafael del Rosario, abogado laboral e integrante de la organización Voluntad Popular apuntó que dentro de los despedidos existen una gran cantidad de empleados de carrera. Profesionales integrales que fueron despedidos, comprometiendo a sus familias, por presunciones sobre su posición política. “Todo este acoso ha sido basado en presunciones, no tienen pruebas porque ahora más que nunca está demostrado que el voto es secreto”, dijo.
“A los voceros del gobierno que insultan y amedrentan, tengan claro que esto no es juego, esto es un problema serio. Estamos hablando de padres y madres de familia que se quedaron en la calle, sin la tranquilidad de un sueldo para proveer a sus familias. Y a los empleados que aún soportan estas vejaciones, tienen cinco días más para enviar sus denuncias adenunciaempleadopublico@
Durante el encuentro, Rafael Navarro ejemplificó su situación, hasta el día 15 de abril se desempeñó como periodista acreditado del Ministerio Público y fue despedido como parte de la “operación limpieza” que ejecutaron en todos los organismos públicos. “Saludo y respaldo a quienes por miedo continúan en el anonimato, pero sepan que aquí estamos nosotros para seguir la lucha por nuestros trabajos y nuestras familias”, dijo.
Solórzano continúo exhortando a Nicolás Maduro, quien se hace llamar “Presidente obrero” a reconocer los derechos laborales de estas personas. “Entonces, Nicolás, ¿tú no eres un presidente obrero?, ¿cómo permites que sean vejados los trabajadores de esta forma? Aquí hay personas de carrera, que necesitan su seguro para atender enfermedades. Es que acaso solo tu familia y tiene derecho a una salud digna”, cuestionó.
Para finalizar, la diputada del Parlatino, respondió a la aseveración del canciller Jaua, quien afirmó que para considerar una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era necesaria una intervención de Venezuela, demostrándole su error, pues como nación, el país es miembro de la Organización de Estados Americanos y debe acatar por defecto las resoluciones que desde la CIDH se emitan, al menos hasta septiembre de este año cuando se oficialice la salida de Venezuela de este sistema.