En el 2007 cuando el ex presidente Hugo Chávez planteó la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias como plasmó en la reforma constitucional, el Gobierno estimaba la generación de 200 mil puestos de trabajo. “Queremos que el desempleo llegue a cero”, sostuvo. correodelcaroni.com / María Ramírez Cabello
“Estoy consciente que trabajar ocho horas diarias es mucho, sobre todo tomando en cuenta la actividad de la sociedad de hoy”, expresó el mandatario nacional.
El despacho del Trabajo estimaba que en el sector público se podrían crear 11.000 nuevos puestos, alrededor de 8% de la generación total de empleo, de acuerdo con estadísticas plasmadas en un artículo de noviembre de 2007 en El Universal.
Cuatro años después, Chávez desechó la idea de la reducción a seis horas por considerarla inconveniente desde el punto de vista económico. “La situación que vivimos y la necesidad de incrementar la producción nacional para salir del modelo rentístico petrolero, yo creo, y eso lo someto a la discusión de los trabajadores y la Asamblea Nacional, que no es conveniente reducir la jornada laboral a 6 o 7 horas”.
En cambio, solicitó que “trabajemos bien trabajadas ocho horas diarias, hay muchos aquí que trabajamos 20 horas y más y no cobramos horas extra ni nada”.
La vieja deuda social, sin embargo, obligó a contemplar el anhelado recorte del tiempo de trabajo en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), que estableció una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, con dos días de descanso continuo, excepto cuando se trate de actividades no susceptibles de interrupción para las que se fijaron parámetros especiales.
Aunque algunos gremios empresariales señalaron que la reducción traería consecuencias en la productividad y generaría costos adicionales por la obligatoriedad de contratar más personal, instituciones de simpatía oficialista como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias de Venezuela (Fedeindustria), presidida por Miguel Pérez Abad, sostuvo que la medida desarrollaría aún el empleo.
No obstante, algunas empresas públicas han optado por no asumir el aumento de los costos operativos que implica mantener sus puertas abiertas durante sus horarios habituales, con la necesaria obligación de contratar más personal y, en ese sentido, han optado por recortar el tiempo de la prestación del servicio.
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