Por ejemplo, el desabastecimiento se lo achaca a los sectores industriales nacionales y elude su responsabilidad.Ataca a los “imperialistas” y luego les pide ayuda para atender los compromisos comerciales de la aporreada Pdvsa.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa inmortalizó en El Gatopardo la frase de uno de los personajes de su obra “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Poco tardó en introducirse el término gatopardismo para referirse a las transformaciones políticas o sociales cuyo propósito deliberado es conservar intacta la estructura de poder al tiempo que se introducen cambios que se declaran fundamentales pero terminan por ser superficiales.
La conducta más reciente del gobierno de Nicolás Maduro se ha ido convirtiendo en poco tiempo en un ejemplo protuberante de gatopardismo. Enfrentados a una crisis de dimensiones sin precedentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional, el gobierno ofrece un espacio de “diálogo” que está condicionado a que se apacigüe la crítica respecto al hecho político fundamental de que existen reservas muy bien fundadas acerca de la transparencia de las elecciones presidenciales.
La estrategia del gobierno se ha ido haciendo cada vez más ostensible.
Tomemos por ejemplo el tema del desabastecimiento: por un lado se trata de señalar a los sectores industriales nacionales como responsables de una crisis que ha provocado el propio gobierno con su estrategia de asfixiar a la empresa privada y el manejo absurdo y terriblemente enrevesado del crucial tema de las divisas; por otro lado se les invita a dialogar para solicitar su cooperación en una farsa propagandística que pretende esconder la responsabilidad que tienen catorce años de políticas equivocadas y desvariadas. Lo mismo se aplica al sector petrolero: el uso de Pdvsa como caja de la revolución ha conducido a un proceso de desinversión masivo y, en la práctica, a la entrega de buena parte de la industria y de nuestros recursos a manos extranjeras. Pero el gobierno ataca a los “imperialistas” que manejan el gran negocio petrolero al tiempo que les pide ayuda para poder atender los compromisos comerciales de la aporreada industria estatal venezolana.
Un asunto de vital importancia para preservar las opciones del juego democrático en Venezuela, aun bajo las severas condiciones que impone el lidiar con un gobierno y un movimiento político que no creen en la democracia sino solamente como un camino para imponer un supuesta visión revolucionaria que es cada vez más impopular, es entender que debe mantenerse un delicado balance entre la conflictividad social y el manejo de las opciones políticas. Esto tiene consecuencias en todos los ámbitos. Tomemos por ejemplo el conflicto gremial universitario. Es evidente que el gobierno mantiene una campaña de acoso contra las universidades, una de cuyas expresiones más perversas es mantener salarios de hambre para los profesores. Esto conduce a las organizaciones gremiales a plantearse una visión sectorial del conflicto que, en mi opinión, conduce a un callejón sin salida. En otras palabras, el conflicto de las universidades no tiene solución mientras no se lo vincule con la dinámica política nacional. Una huelga indefinida, que no esté coordinada con otros sectores, por ejemplo los sindicatos y los estudiantes por mencionar a dos de los más importantes, puede conducir a mucho más agotamiento y frustración de las universidades, esenciales para el país y maltratadas por el gobierno por no someterse al “proceso revolucionario”.
Por otro lado, este grado de coordinación de la conflictividad social no es posible sino alrededor del liderazgo de la oposición democrática. De ahí la admonición de Capriles sobre la inconveniencia de un paro universitario aislado.
En la práctica, se puede alcanzar un estado virtuoso de rebelión democrática no violenta combinando con sabiduría política los espacios de desobediencia civil con los de la conflictividad social. El objetivo último tiene que ser llevar al gobierno a abandonar su conducta gatopardiana y a aceptar que no pueden manejar al país a su antojo y que el diálogo no puede ser interpretado como una farsa para acallar la protesta sino como un mecanismo genuinamente democrático de reunificar y reconciliar al país.
El gobierno y la oligarquía chavista entienden a cabalidad que en el horizonte se puede estar armando la “tormenta perfecta” de la inestabilidad social provocada por los terribles desaciertos acumulados después de 14 años.
Esa comprensión incluye entender que el desasosiego no se limita a las filas de los sectores opositores sino que incluye a mucha gente de los propios apoyos del chavismo que observan cómo el ciclo de promesas incumplidas está llegando a término. La inestabilidad y el caos no le convienen a nadie, uno, porque significa más sufrimiento para todos con consecuencias imprevisibles, y dos, porque abre la puerta para que opciones militaristas y aún más autoritarias de las que hemos padecido se refuercen. El fin del gatopardismo chavista puede estarse acercando, impuesto por la dura y terca realidad, como diría Lenin, pero también por la convicción de mucha gente sensata de que si no se emprende un diálogo sincero la única puerta abierta que va quedando para acallar las protestas de la gente es la represión.