Poco más de dos meses han transcurrido desde el fallecimiento de
Chávez. Desde entonces, el gobierno ha caído a velocidad de vértigo,
unos 30 puntos según encuestas. De los muchos errores que cometió
Nicolás Maduro durante su descendente campaña, y que hizo añicos los
25 puntos de ventaja inicial con los que partía, hubo uno
particularmente costoso: Maduro concentró sus esfuerzos en ganarse al
elector más duro y comprometido del chavismo. Como si se tratara de
una elección primaria, Maduro asumió posturas intransigentes,
intentando ganarse al elector más recalcitrante, al más radical.
Quizás Maduro se sentía inseguro de su liderazgo en el interior del
partido de Chávez y creyó que las muchas pugnas internas ameritaban de
sí una demostración de ser “más chavista que Chávez”. Actuó de manera
muy diferente de lo que era el comportamiento habitual del difunto
líder, que en elecciones solía migrar hacia el centro del espectro
político.
En ese esfuerzo de captura de los extremos a Maduro se le escaparon
los electores del centro, el denominado “chavismo light”. Al menos
600.000 electores que habían tradicionalmente votado por Chavez
cruzaron la calle y votaron por Henrique Capriles. Así, en un proceso
pleno de abusos de poder y triquiñuelas variadas, se ofrecieron unos
resultados oficiales de virtual empate, al tiempo que Maduro era
ungido como presidente oficial de forma inusualmente rápida.
Buscando el reconocimiento también rápido de los países del Unasur la
institución electoral convino en una auditoría del proceso. Sin
embargo, pasadas las 48 horas más críticas, la auditoría se transformó
en una auditoría parcial del sistema electrónico, escondiendo sus
elementos más vulnerables. Todo lo cual en la percepción popular se
traduce como que “se robaron las elecciones”.
A tono con las percepciones populares, Henrique Capriles y la Unidad
Democrática impugnaron las elecciones en sendos recursos introducidos
ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El primero de
los recursos pide la conducción de nuevas elecciones basado tanto en
los muchos incidentes del día de las elecciones como en las
condiciones macro de abuso de poder, que fueron una constante que
atenta contra la igualdad de oportunidades de una contienda en buena
lid.
El segundo recurso es más específico y objeta las graves
irregularidades ocurridas en casi 6000 mesas electorales (un 15% del
total) que afectan a más de dos millones de votos (unas doce veces más
que la diferencia oficial entre ambos candidatos).
Entre los indicios de fraude más impactantes está el hecho de que
existen casi 4000 mesas electorales en las que Maduro sacó
proporcionalmente más votos que Chavez en Octubre. Esto es algo
dificil de entender porque nadie conoce un solo caso de un elector que
no le gustara Chavez, pero que le guste Maduro. Por otro lado, lo
ocurrido el 14 de Abril contraviene lo que ha sido el comportamiento
del elector venezolano, y particularmente del elector chavista: por
primera vez en la historia electoral del país no hubo abstención como
voto-protesta.
Tan sólo con estos indicios de psicología electoral puede tenerse una
hipótesis de qué fue lo que pasó en ciertas mesas: un fraude artesanal
con votos múltiples y coacción de votantes en proporciones que harían,
al menos, la diferencia. El árbitro electoral no ha permitido que en
la auditoría se revisen ni los cuadernos ni los reportes de
incidencias con las captahuellas, que serían los elementos definitivos
para convertir las sospechas en certezas.
Pero la misma negativa a investigarlos se convierte en la más fuerte
de las sospechas. Los datos hablan con claridad, porque ocurrió una
votación muy masiva. Si la oposición se hubiera abstenido, como ha
pasado en otros procesos, las dudas no serían tan elocuentes.
Un comienzo nada fácil para Maduro. A las dudas sobre su legitimidad
de origen se le añade ilegitimidad en el ejercicio democrático de
gobierno. El desempeño que hasta ahora ha demostrado en su breve
gobierno sigue el enfoque de gobernar para y desde el extremismo.
Gobernar desde la crispación nacional. Hay numerosas denuncias de
persecuciones a empleados públicos de quienes se sospecha hayan votado
por Capriles. Se le niegan las transferencias de recursos a
gobernadores y alcaldes de la oposición. Se expropia el derecho de
palabra de la bancada opositora en el parlamento nacional. El camino a
la radicalización parece estar abonado.
Tambien en el panorama internacional se le complican las cosas al
excanciller Maduro. Al desconocimiento explícito de USA, Canadá y la
Unión Europea se le sumaron la declaratoria de la ODCA en repudio a la
violencia parlamentaria del oficialismo, y el consenso político en
Perú que pide a la Unasur una revisión de su postura de reconocimiento
a Maduro como presidente. La expansiva y generosa petropolítica
internacional de Venezuela aún da margen para sumar algunas alianzas
claves, pero en sus visitas internacionales al excanciller le reciben
con cacerolas aún en esos países amigos.
Sin embargo uno de los más claros consensos nacionales es que
Venezuela necesita paz. La reconciliación y el respeto por las
posturas políticas “del otro” es un anhelo de al menos el 80% del
país. Pero la paz y la reconciliación no pueden ser actitudes
unilateralmente desprendidas, en un espíritu de ¨comeflor¨. La paz y
la reconciliación comienzan por el respeto mutuo de las dos mitades
del país. Tampoco es desdeñable ese otro 20% de Venezuela que
explícitamente afirma no querer entendimiento alguno. Ese 20% radical
está bien repartido entre oficialismo y oposición.
El problema es que mientras el radical opositor es un “soldado raso”,
el radical chavista está al más alto nivel y gobernando. El chavismo
raso es mucho más conciliador y tolerante que su dirigencia. El
liderazgo oficialista no ha estado a la altura del enorme reto al que
obligan estos tiempos.
El resultado electoral tan ajustado debió haber sido palanca de
reconciliación nacional. Mucho más fácil si la elección la ganó
Capriles, pero mucho más necesaria si la ganó Maduro. Ahora, tras leer
las encuestas, Maduro hace amagos reconciliatorios. Es la hora más
menguada de Nicolás Maduro y, por ello, puede haber actores que vean
en las negociaciones y el entendimiento oportunidades de sacar
provecho unilateral. Hay que advertir que cualquier actitud que sea
percibida como oportunista en este tema será duramente penalizada por
el elector.
Así las cosas, los primeros cien días de Nicolás Maduro dibujan a un
presidente con muy graves problemas de legitimidad y gobernabilidad,
acompañado de una situación económica y social explosiva. El laberinto
de Maduro parece tener una sola salida: nuevas elecciones.
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La autora preside la consultora DataStrategia y es profesora de
comunicación política en el IESA. Este artículo fue preparado para el
Sesión de Control