El gobierno ha anunciado la militarización de la seguridad ciudadana con la toma del país por 3.000 funcionarios de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, la Milicia, el SEBIN y el Ejército, a través del Plan Patria Segura. Pero resulta que militarizar la seguridad pública es inconstitucional. Sacar tropas a la calle para combatir el hampa común no se puede hacer sin violar la ley, a menos que se decrete Estado de emergencia y suspenda la vigencia de las garantías constitucionales. El artículo 332 de la Constitución establece expresamente que “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. Los soldados son para la guerra, para enfrentarse a otros ejércitos. Los soldados no son para perseguir malandros, esa es una función típicamente policial. Poner a los militares a combatir la delincuencia callejera desnaturaliza la función profesional de la FANB.
En Venezuela se estima que existen alrededor de unas 20.000 bandas criminales que pueden hacer un total de unos 200.000 delincuentes comunes desplegados en las calles, barrios y ciudades del país. Si a esa importante cantidad de personas dedicados a la actividad criminal se les va a concebir como un ejército irregular, su combate requiere de la organización de un ejército especial, irregular, no para el combate convencional; sin la estructura técnica y formal que presentan los 3.000 funcionarios del Plan Patria Segura. El control de la criminalidad común es un tema complejo que depende del funcionamiento exitoso de una serie de variables económicas, institucionales, educativas y policiales, entre otras. Por ejemplo, Nueva York, luego de ser la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, pasó a ser una de las ciudades más seguras de ese país, después que a la policía, no al Ejército estadounidense, se le entrenó para el combate irregular del hampa urbana. Y entre otras cosas, organizaron dentro de la policía newyorkina selectos grupos especialmente entrenados a los que se les eliminó el uniforme de policía que institucionalmente los identificaba y se les equipó con alta tecnología que superaba la sofisticación del equipamiento técnico y de información de las bandas del hampa común.
De tal manera que el Plan Patria Segura, tal como está concebido, es un Operativo más que va directo al fracaso. El gobierno ha demostrado ampliamente que no está interesado en combatir a sus aliados políticos del crimen. El dolor y sufrimiento que reflejan las cifras son escalofriantes; con Maduro ya van cerca de 8.000 ciudadanos asesinados impunemente y cerca de 180.000 a lo largo de todos estos años de gobierno y todo ello sin contar la horrenda crisis carcelaria venezolana.
La implementación de este Plan, pareciera más bien orientada a amenazar y reprimir la protesta popular, ante la crisis de origen y desempeño democrático del régimen y la severa crisis económica que, aun con altos ingresos petroleros, vivimos los venezolanos.
@CastilloHernan