Cuando se toca el tema de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en el país, lamentablemente, casi todas las miradas van dirigidas hacia el Estado, el sector público, olvidándonos casi por completo que el sector privado, por ser uno de los grandes actores de la sociedad en materia del desarrollo, es sin duda un factor fundamental en materia de implementación de una política nacional de prevención y mitigación de desastres, pues son aliados insustituibles para la construcción de la necesaria cultura preventiva, sostenibilidad del hábitat, continuidad de las actividades socio productivas, disminución de la vulnerabilidad y fortalecimiento de la capacidad de resiliencia del país ante las amenazas socionaturales y tecnológicas.
Y no se trata sólo de consideraciones técnicas, pues también pudiéramos citar responsabilidades legales, como la establecida que en el Articulo # 40 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, promulgada en el 2009, donde se establece: “El Estado, el sector privado y las comunidades promoverán acciones, valores y prácticas que contribuyan a la identificación y reducción de riesgos, así como con la preparación y atención en caso de emergencias y desastres”.
Todo esto lo traigo a referencia, motivado por unas muy recientes declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, donde señala que en lo que va de este siglo las pérdidas económicas directas que ocasionan los desastres ascienden a unos $2,5 billones de dólares americanos y concluye con la siguiente reflexión: \”Las pérdidas económicas que ocasionan los desastres están fuera de control y sólo pueden reducirse en alianza con el sector privado, incluidos los bancos de inversión y las empresas aseguradoras. El sector privado realiza del 70 al 85 por ciento de todas las inversiones mundiales en nuevos edificios, diversas industrias y pequeñas y medianas empresas. Los mercados han asignado más valor a la rentabilidad a corto plazo que a la sostenibilidad y la resiliencia. La reducción del grado de exposición de su inversión frente al riesgo de desastres no es un costo, sino más bien una oportunidad para lograr que esa inversión sea más atractiva a largo plazo\”.
Entonces digo yo, ya sea por vía del convencimiento propio, por responsabilidad social empresarial, por imperativo de Ley, solicitud de la ONU, o por necesidad nacional, el sector privado deber ser un actor principal en materia de reducción de los desastres en Venezuela.
@Angelrangels