Las Farc calificaron el miércoles de “autoritario” al Gobierno colombiano por rechazar sus propuestas de convocar a una Asamblea Constituyente y de aplazar las elecciones del 2014, avivando la polémica dentro del histórico diálogo de paz en el que discuten la participación política futura de la guerrilla.
La primera negociación en una década, en Cuba, ha estado plagada de controversias, desconfianzas y acusaciones mutuas y, pese a amenazas de cortarla, las partes han insistido en buscar consensos que acaben con cinco décadas de violencia que han golpeado a la cuarta mayor economía latinoamericana.
Una nueva dificultad se produjo el martes, cuando al inicio del décimo ciclo de conversaciones el equipo del Gobierno y el propio presidente Juan Mauel Santos descartaron aplazar las elecciones y ratificaron que no habrá una Asamblea Constituyente, instando a la guerrilla a “concentrarse” en la agenda.
“A propósito del autoritario y rotundo NO manifestado por el gobierno a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, es preciso decir que nadie puede pretender limitar la condición de soberano que tiene el pueblo”, dijeron las FARC en una declaración enviada a periodistas por correo electrónico.
“¿En dónde está plasmado el compromiso de no hablar de Constituyente? Que se nos diga en dónde se prohíbe hablar de este importante asunto, cuando por el contrario, el espíritu del preámbulo y la Agenda, lo que manifiesta es que la paz es un asunto de todos los colombianos”, agregó.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han insistido en que aplazar el calendario electoral quitaría presión y permitiría mayor avance a la negociación. Pero el Gobierno sostiene que no existe esa posibilidad.
El grupo rebelde y el Gobierno de Santos negocian desde noviembre acuerdos para poner fin a un violento conflicto de cinco décadas y hasta ahora avanzaron sólo en el tema de políticas para el uso y tenencia de la tierra.
La histórica agenda pactada en La Habana en octubre pasado además del tema agrario y la participación política, incluye la lucha contra el narcotráfico, el fin del conflicto y la compensación de las víctimas de la violencia que ha dejado 100.000 muertos y millones de desplazados en cinco décadas.
El equipo negociador del Gobierno aclaró el martes que a partir de ahora están concentrados en buscar puntos en común sobre “cómo abrir un camino para que las FARC se transformen en un movimiento político y se inserten en la democracia con pleno ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes”.
La actual negociación, que parte del principio de que “nada está acordado hasta que todo lo esté”, tiene como garantes a Cuba y Noruega, mientras que Chile y Venezuela participan como acompañantes.
Un reciente incidente diplomático entre Venezuela y Colombia puso en duda la continuidad de la participación del Gobierno de Caracas. Pero las FARC dijeron que eso se había superado.
“Ayer (martes) nos hemos reunido con el excelentísimo señor embajador venezolano, Roy Chaderton, a fin de esclarecer si la nación hermana y su gobierno mantendrán su apoyo, acompañamiento y facilitación, que son indispensables para la continuidad del proceso”, dijo las FARC.
Reuters