Hace 10 días, Aída fue a una estación de servicio en San Cristóbal, estado Táchira, para comprar gasolina. Cuando ubicó su carro frente al lector del tag electrónico, la máquina bloqueó el suministro del dispensador y el despachador le anunció: “Le toca ir a auditoría”. Puede ser que la última vez que Aída surtió combustible, no se percató si el despachador colgó debidamente el pico del surtidor en la máquina para cerrar la operación, y cuando ella se fue, otra persona, en acuerdo con el despechador, consumió su cupo mensual.
Este es uno de los numerosos mecanismos utilizados para obtener de manera ilegal combustible en esa entidad, que está sometido a regulaciones de suministro y despacho desde octubre de 2010 para frenar el contrabando hacia Colombia.
Para quienes viven en Táchira, ir a una auditoria implica estar en una cola dentro de su vehículo entre cinco y siete horas en los estacionamientos de La Monumental Plaza de Toros de San Cristóbal, donde de manera permanente funcionarios del Ministerio de Petróleo y Minería realizan las auditorías y asignan el tag electrónico para la compra de combustible en la entidad.
En tres oportunidades, la mujer ha intentado someterse a la revisión, pero 300 personas aproximadamente están generalmente en la cola antes que ella. Sucede así casi todos los días y su tag sigue bloqueado.
Nuevo, usado o chatarra. Un informe presentado en plenaria por la Comisión de Política del Consejo Legislativo del Táchira muestra que a dos años de la implementación del tag, personas aplican mecanismos para obtener más combustible, como el “cuncheo” y la sustracción del chip a vehículo en concesionarios, que hayan sufrido accidentes o que están bajo régimen de procedimiento judicial.
En el lenguaje popular, “cunche” es el residuo que queda de algo. El informe advierte que el “cuncheo” es una manera de obtener más gasolina del cupo estipulado por Pdvsa, por lo que la comisión del Consejo Legislativo solicitó a los cuerpos de seguridad que revise chiveras y estacionamientos por procedimientos judiciales pues estos vehículos estarían siendo utilizado para obtener más gasolina de la permitida. También solicitaron supervisiones para concesionarios.
“Se realizó una inspección a ventas y consignación de vehículos nuevos y usados, y constatamos que a muchos de los carros colocados allí desde hace algún tiempo se les sustrajo la tarjeta electrónica y son utilizados como tag paralelo”, dijo la legisladora Neyiver Lugo.
Por ello solicitaron una reunión con organismos de seguridad, para solicitar que supervisen los concesionarios y verifiquen que cada vehículo tenga el tag. La gasolina obtenida de esta manera va a los pimpineros en Colombia o a depósitos ilegales en Venezuela porque luego es trasladada a ese país.
Ante estas transgresiones, en el informe aprobado por unanimidad en plenaria y que será entregado al Ministerio Público se advierte que no sólo se viola la Ley de Contrabando sino las leyes contra la delincuencia organizada y terrorismo, la de ambiente y la de tenencia de sustancias peligrosas.
Para facilitar las cosas, los legisladores acordaron solicitar a los establecimientos de compra y venta de carros nuevos, usados y a consignación la relación semanal de vehículos que ingresan al sitio para ser vendidos. Los organismos de seguridad también deberán presentar una relación semanal de los carros retenidos y llevados a los estacionamientos judiciales según los procedimientos.
Caso particular
José es ganadero y debe recorrer diariamente 90 kilómetros hasta su finca al sur del estado Táchira, trayecto que repite para regresar a su casa en San Cristóbal. Su cupo era de 42 litros mensuales, pero lo consumió antes de tiempo debido a este recorrido, que también incluye diligencias extras en la ciudad.
Cuando quiso comprar gasolina, la maquina lectora del tag le indicó que debía someterse a auditoría. Dijo que durante el procedimiento, con cifras en mano, demostró que su cupo era insuficiente para cumplir con sus obligaciones. “Les dije que debía ir a diario a la finca, que tenía una esposa y una hija que también tenía que ‘carretear’, más una casa que atender, a la que se necesita llevar cosas, más diligencias. Finalmente, me ampliaron el cupo”.
A capítulo
La próxima semana se tiene previsto que Gladys Parada, directora general de Mercado Interno de Pdvsa, visite Táchira para reunirse con propietarios y administradores de estaciones de servicio, el fiscal superior del Táchira, Eudomar García; la jueza rectora del estado, Ana Casanova; el defensor del Pueblo, Aaron Díaz; el presidente del circuito judicial penal del Táchira; y Marcos Medina para discutir aspectos relacionados con los nuevos usos del tag y la obtención ilegal de gasolina.
Se conoció que hay detenidos civiles y miembros de la Fuerza Armada Nacional por las irregularidades. También se conoció extraoficialmente que en esta reunión sería considerada la concesión de algunas estaciones de servicio.
Las cifras
1.606 personas tienen entre 6 y 35 vehículos con tag a su nombre. Se pidió que sean investigadas por el Ministerio Público para verificar el uso del chip.
250 veces cruzaron la frontera vehículos particulares y de transporte público en los últimos 3 meses, lo que superó la cantidad de veces que pueden surtir gasolina.
12 estaciones de servicio serán sometidas a investigación por presuntas irregularidades en la venta ilegal de combustible a través del “cuncheo”.
14 veces en un mes puede una persona comprar gasolina en Táchira con el tag electrónico. Cada compra es de 42 litros.
28.000 pesos colombianos cuesta el envase de 20 litros de combustible venezolano de contrabando. Al cambio de la moneda es más de 417 bolívares.