El Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE) en colaboración con la Red Internacional de Universidades para la Paz (REDIUNIPAZ), presentó este martes en Madrid, el Informe de las Elecciones Presidenciales del 14 de abril.
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El objeto de este estudio es medir el tono democrático y la transparencia de los diferentes ámbitos que determinan el proceso electoral, por lo que se evaluaron algunas instituciones y su comportamiento durante el mismo, como por ejemplo: los medios de comunicación, el tribunal supremo, el CNE y la oposición, entre otros.
Gustavo Palomares, presidente del instituto, señaló que estos comicios presentaron más irregularidades que otras citas electorales, entre ellos: la excesiva utilización de los recursos del estado con fines de proselitismo político o el desempeño del árbitro electoral, el CNE, que tras la negativa de favorecer una auditoría, ha reforzado en la opinión pública las dudas sobre su imparcialidad.
Claudia Salcedo, directora jurídica del IAEE, añadió que la conclusión de este trabajo es “proporcionar elementos de juicio para que el gobierno, la oposición y la ciudadanía venezolana avancen hacia el fortalecimiento de la democracia”.
En el informe se destaca que “El TSJ no sólo fuerza la Constitución, al convertirlo en Presidente sin cumplir los requisitos constitucionales, legales y procedimentales sino que olvida los artículos 57 y 58 de la Lope y 128 del Reglamento Electoral, que señalan que todo funcionario público debe separarse del cargo para postularse a elección popular. La interpretación resulta forzada e incluso sospechosa de una conducta prevaricadora”, advierte en un informe la misión de apoyo internacional, que participó el 14A y permaneció en el país entre el 11 y el 22 de abril para ver y levantar información en Táchira, Mérida, Zulia y Distrito Capital.
“Maduro no cumple con los requisitos del artículo 227 de la Constitución, puesto que contraviene el 229. Esta situación constituye un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso, haciéndolo nulo de pleno derecho, y la Sala Constitucional del TSJ habría incurrido en la conducta tipificada en el artículo 25 de la Constitución que ha jurado defender y garantizar (…). Todo acto que viole los derechos constitucionales son nulos y los funcionarios que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”, indican.
Los delegados internacional renuncian al pacto “confidencial” que impone el CNE a los “acompañantes” y optan por hacer público el informe, de 28 páginas, por considerar que las limitaciones son “un obstáculo insalvable” para ofrecer recomendaciones al Gobierno, a los ciudadanos, a la rendición de cuentas o transparencia pública. “En las últimas decisiones del TSJ se constata una muy preocupante permeabilidad a la voluntad del Ejecutivo y del partido que le mantiene. Una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad exigible a este órgano en un sistema democrático”.