Luego de conocerse la violación de la menor, que desató una ola de repudio por la permisividad con que niños conviven con criminales en prisiones bolivianas, las autoridades decidieron que “desde el 18 de julio no entra nadie más” al penal de San Pedro, en La Paz, dijo Llanos.
Los presos serán remitidos a partir de esa fecha a otras penitenciarías de La Paz, la mayoría radicada en poblaciones del altiplano, con capacidad total “para encerrar a otras 2.000 personas”, según Llanos.
Junto con los reos conviven un total de 2.104 niños y adolescentes en las cárceles bolivianas, que viven con sus padres mientras éstos purgan condenas, según un informe actualizado de la Dirección de Régimen Penitenciario.
Los menores suelen vivir en los penales porque no tienen otros familiares o ambos padres están detenidos.
La ley de penitenciarías autoriza que niños hasta 6 años permanezcan con sus padres en las cárceles, pero casi la mitad de los menores excede ese límite de edad.
El embarazo y los vejámenes a los que era sometida la menor desde que tenía ocho años fueron descubiertos casi de casualidad y desató airadas reacciones en la población boliviana.
Los menores que viven en las prisiones con sus padres no tienen ninguna protección y comparten el espacio con ladrones, asesinos, violadores, pandilleros y narcotraficantes; además son testigos del consumo de alcohol y drogas y también de la violencia que reina en esos lugares.
Llanos sospecha que en el penal de San Pedro hubo al menos otros cinco casos de abusos a menores que permanecen ocultos porque los padres pactan su silencio por temor o a cambio de dinero.
Con apoyo del Congreso, la Policía se propone hacer un censo de la población infantil en las cárceles y además crear una “Escuela Penitenciaria para capacitar y especializar a nuestros funcionarios”, según el comandante de la Policía, general Alberto Aracena.
Las cárceles de Bolivia, las segundas más hacinadas del continente después de El Salvador, tienen una capacidad para albergar a un máximo de 3.738 presos, pero congregan a 13.840, según un informe de Seguridad Ciudadana de la OEA.
AFP