“Si quieres la paz, lucha por la justicia”
Pablo VI
Hoy se celebra en nuestro país el día del abogado. Se conmemora desde 1972, cuando por decreto de Rafael Caldera y en memoria de uno de nuestros grandes juristas, José Cristóbal Hurtado de Mendoza, que nació el 23 de Junio de 1772, se acordó que se tomase esa fecha para recordar a quienes hemos hecho de las leyes y de los argumentos nuestros modos de vida. Hurtado de Mendoza no sólo fue abogado, doctor en derecho civil y en derecho canónico, sino además fue compañero de luchas de nuestro Libertador y es tenido como nuestro primer presidente constitucional, cuando asumió la presidencia del triunvirato del poder ejecutivo establecido por el congreso en 1811.
Hay que reflexionar un poco sobre lo que es el ejercicio de nuestra profesión en estos días. Quizás pensando un poco en los males que agobian a los profesionales del derecho, que al final afectan también a toda la población, podamos sentar las bases para comenzar a transitar la senda hacia la reconstrucción de una administración de justicia sana y que, por encima de todo, satisfaga los anhelos de paz de la ciudadanía. Como profesor universitario todos los días me confronto con el desánimo de mis alumnos, que al ver cómo la realidad tiene tan poco que ver con lo que se aprende en la aulas, muchas veces se preguntan si vale la pena o no pasar cinco años de sus vidas quemándose las pestañas aprendiendo normas, preceptos y principios que en las sedes judiciales, luego, no se respetan.
Puedo hablar desde mi experiencia como penalista, pero muchos de los problemas que se padecen en la justicia penal son similares a los que se ven en otras áreas del derecho. La doctrina coincide en señalar que las características estructurales negativas de los sistemas penales latinoamericanos, son tres: La selectividad, la violencia y la corrupción. Esto se ve no sólo en los tribunales, sino en todas las demás instancias del sistema, tales como en las cárceles, en los cuerpos policiales y en la fiscalía.
Un primer problema que tenemos es que nuestro sistema penal, y el sistema judicial en general, es selectivo. En el caso de las instancias penales, nos seguimos manejando con base a criterios sesgados y represivos, no garantistas, que tienden a criminalizar, en primer término, a los más vulnerables, esto es, a quienes pertenecen a los estratos socio económicos menos favorecidos. Luego de más de 14 años de “socialismo” y de supuesto “poder para el pueblo”, la verdad es que la “clientela” del sistema penal sigue estando integrada en forma mayoritaria por las personas más humildes, mientras que los poderosos o quienes cuentan con recursos suficientes para sustraerse de la acción criminalizadora del sistema, sin importar cuán graves hayan sido sus actos, siguen amparados por la más absoluta impunidad. A esto hemos de sumarle que a la selectividad por motivos socio económicos, y hasta raciales (el que no me lo crea que se asome a una de nuestras cárceles para que lo corrobore) se ha sumado otro tipo de selectividad muy peligrosa: La selectividad por motivos políticos.
Si eres opositor, y expresas públicamente tus críticas al poder, corres el riesgo de ser llevado a prisión, o al menos, de ser sometido a una investigación penal. Si por el contrario eres oficialista, y cometes “en nombre de la revolución” hasta los más graves atropellos, no sólo quedas amparado por un manto de invulnerabilidad que impide que te castiguen, sino además puedes hasta ser tenido (así ocurrió con los pistoleros de Puente Llaguno, entre otros) como un “héroe”. Sobre estas bases, como es fácil intuirlo, es muy difícil ejercer la profesión de abogado, pues en las decisiones de los jueces y de los fiscales pesan más, lamentablemente y en muchos casos, las conveniencias políticas coyunturales que los dictados de la Constitución y de la ley.
En segundo lugar, nuestro sistema penal es violento. El simple hecho de reprimir a quien delinque, llevándolo contra su voluntad al encierro, aunque sea a una prisión moderna y respetuosa de sus derechos, es violencia. Violencia justificada e institucional, pero violencia al fin. Sin embargo, la cosa es mucho más grave en nuestra nación, cuando las cárceles venezolanas son de las más violentas del mundo. Sólo el año pasado murieron asesinados en nuestras prisiones más de 500 reclusos, y este año vamos por el mismo camino, con el agravante de que los pranes, que no la autoridad, son quienes llevan la sartén por el mango. La actitud permisiva y sumisa del poder es la que ha dejado que las cosas lleguen a este punto, y sin verdadera voluntad política para tomar los correctivos necesarios no cabe sino esperar que la situación empeore a corto y a mediano plazo.
En tercer lugar, que nuestro sistema de justicia es corrupto es una verdad incuestionable de la que poco se habla, pero mucho se vive. Es verdad, no son todos los jueces, los policías, los abogados o los fiscales los que se prestan a estas prácticas, pero muchos sí han descubierto que pueden obtener ingentes beneficios extorsionando a los justiciables y vendiendo condenas y absoluciones a diestra y siniestra. Apartándonos del tema de la persecución política, no son pocos los casos en los que un grupo de jueces, fiscales y abogados montan verdaderas organizaciones criminales en las que el terrorismo judicial es la herramienta común para el logro de muy cuestionables beneficios económicos. Hemos visto a jueces que son aprehendidos en otros países mostrando en sus cuentas en “verdes” montos que sus salarios y desempeños jamás les habrían permitido alcanzar, y aún existen mafias judiciales (recordemos “la banda de los enanos”) que han hecho de la corrupción y del chantaje sus modos de vida.
A todos estos males yo les sumo otro, que es a la vez causa y consecuencia de los anteriores: El de la ignorancia. Debo generalizar, pese a que no es justo incluirlos absolutamente a todos en el mismo saco, pero en términos generales nuestros operadores de justicia, en todos sus niveles, son personas poco preparadas que no se toman siquiera la molestia de leer los textos básicos y elementales sobre la interpretación y aplicación de las normas. Tenemos jueces y fiscales, lo he padecido en carne propia, que no saben siquiera leer o escribir con corrección, ni mucho menos aplicar las leyes con justicia y sano criterio.
Podría seguir enumerando fallas, pero se me agota el espacio y quiero añadir una reflexión final. Es importante hoy, día del abogado, abrir los ojos a estas realidades y, por encima de todo, empeñarnos de corazón y con esmero en cambiar el estado actual de la justicia en nuestro país. Hay que estudiar, y prepararse, pues hemos de luchar para que llegue la alborada y para que ser abogado en este país deje de ser oficio de simples gestores para convertirse en lo que siempre ha debido ser: El trabajo probo y honesto de quienes comprenden que una nación sin ley no es una nación, es una selva.
@HimiobSantome