El siglo XIX venezolano y parte del XX estuvieron dominados por las dictaduras militares y la violencia política. Por lo cual no resulta extraño a la historia reciente venezolana que desde los alzamientos militares de 1992 y la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez en 1998 los primeros años del siglo XXI estén dominados por la intervención abusiva de los militares venezolanos en la política y la militarización de la sociedad civil; en lo que se ha dado en llamar la nueva forma de pretorianismo: “el socialismo militar bolivariano del siglo XXI”.
Las Fuerzas Armadas venezolanas, sobre la base de la derrota que en los primeros años de vigencia de la Constitución de 1961 le infringió a la subversión castrocomunista, adquirieron una serie de autonomías, independencia y privilegios que permitieron el incubamiento y desarrollo del virus pretoriano, que ha terminado históricamente desembocando en el tipo de régimen militar de vocación tiránica que hoy tenemos en Venezuela. Es decir, parte importante de las causas de la abusiva intervención de los militares venezolanos en política tiene una directa y fuerte relación con la secular ausencia de un efectivo y verdadero control civil sobre las Fuerzas Armadas. Si la institución armada venezolana hubiese estado verdaderamente controlada, bajo la subordinación del poder civil democrático, estos desarrollos pretorianos, ahora con el ingrediente castrocomunista, no se hubiesen presentado.
Para un Estado como el venezolano, con una larga historia de distintas formas de pretorianismo, el proceso de desnaturalización de sus Fuerzas Armadas y militarización de la sociedad civil, tiene su naturaleza reciente en el artículo 328 de la Constitución de 1999 cuando incorpora a los militares al desarrollo nacional. La incorporación plena de los militares al desarrollo del país requiere de sistemas institucionales y democracias sólidas, con férreos controles civiles. Mientras las democracias sean frágiles, como la venezolana, la participación militar en el desarrollo nacional tienen que estar circunscrita a los aspectos operativos de la política de seguridad y defensa de la nación, no más allá. Y aún así, es vital también controlar el sistema de formación y educación militar, entre otras cosas claves.
Venezuela es una nación que no tiene amenazas que pongan en peligro su existencia física para hacer corresponsables de la seguridad y defensa nacional a la sociedad civil, tal como lo hace la Constitución en el artículo 326. Sólo en situaciones de emergencia y en casos excepcionales se puede justificar la incorporación de la sociedad civil a la seguridad y defensa de la nación. Ya que se corre el grave riesgo de militarizar a la sociedad civil y al Estado en su conjunto, tal como está sucediendo hoy en Venezuela. Estos son aspectos que, con miras al regreso de los militares venezolanos a sus funciones profesionales naturales, deberían ser tomados en cuenta.