La revisión de cuatro solicitudes de asilo formuladas a Venezuela demuestra que estos casos pueden comprometer los intereses de política exterior e interna de la nación que otorga la protección. Al aceptar la petición de refugio del agente de la CIA Edward Snowden, el presidente Nicolás Maduro retoma una práctica de los gobiernos anteriores a Hugo Chávez de acoger a víctimas de persecución
La prensa internacional informa que Venezuela concedió asilo a cinco miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Alberto Federico Herrera, Luis Pérez Santiago, Luis Felipe Cornejo, Graciela Gallardo y María Cristina Herrera se colaron en una fiesta oficial de la Embajada de Venezuela en Santiago con invitaciones falsas, y solicitaron refugio ante la persecución de los cuerpos de seguridad de Augusto Pinochet.
Por aquellos días, el entonces canciller Simón Alberto Consalvi no sólo gestionaba ante el Gobierno chileno cinco salvoconductos para lograr que aquellos activistas llegaran a Caracas y luego se mudaran a Suecia. Además, recibía peticiones de refugio por parte de seis cubanos que lograron ingresar en la Embajada venezolana en La Habana tras escapar del asedio a tiros de la policía; al tiempo que cuatro militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua aterrizaban en territorio venezolano, trasladados en un avión militar nacional. Semanas antes, los medios divulgaban la noticia de que un funcionario soviético se refugió en la Embajada de Washington en Caracas, y de allí partió hacia Estados Unidos.
Casi cuatro décadas después, al aceptar la solicitud de asilo formulada por el extécnico de la CIA Edward Snowden, envuelto en una persecución internacional por revelar un programa estadounidense de espionaje masivo de las comunicaciones de gobiernos y ciudadanos, el presidente Nicolás Maduro suma una línea más al amplio expediente de otorgamiento de refugio que ha acumulado Venezuela durante la democracia.
Mariano de Alba Uribe, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Monteávila, explica que el asilo es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que busca proteger a un ciudadano que corra el riesgo de sufrir persecución política. El artículo 38 de la Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas y Asilados o Asiladas, aprobada en Venezuela en 2001, otorga facultades al Estado para reconocer como refugiado a cualquier extranjero que sea perseguido por delitos políticos, tal como ocurre con Snowden.
Adalberto Urbina, profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, recuerda que los gobiernos venezolanos se volvieron reticentes a conceder este tipo de protección en el siglo XIX, después de que José Tadeo Monagas se refugiara en la legación diplomática de Francia en Caracas, tras renunciar a la presidencia en 1858. “A principios del siglo XX se rescata la práctica de conceder asilo en Venezuela, una vez que la Guerra Civil española empuja a cientos de perseguidos políticos a buscar refugio en las embajadas latinoamericanas en Madrid, entre ellas la venezolana”.
La revisión de cuatro peticiones de asilo provenientes de políticos y militantes de Haití, Chile, República Dominicana y España demuestra que estos casos han comprometido tanto la relación de Venezuela con los países involucrados, como el equilibrio de fuerzas en la política interna. En este caso, las gestiones que emprendió Venezuela para acoger a Snowden ponen en riesgo el diálogo que Maduro comenzó recientemente con Washington, un socio comercial fundamental para la economía nacional; y desplaza la discusión sobre la impugnación de los comicios del 14 de abril.
El capítulo venezolano de Leslie Manigat
El viernes 22 de julio de 1988, el derrocado presidente de Haití Leslie Manigat y su esposa Mirlande aterrizaron en territorio venezolano tras ser expulsados por un golpe militar que encabezó el general Henri Namphy. El gobierno de Jaime Lusinchi le otorgó asilo político a la pareja Manigat, quienes habían vivido una larga temporada en Venezuela a finales de los setenta y principios de los ochenta en medio de los 23 años que permanecieron en el exilio perseguidos por la dictadura de François “Papa Doc” Duvalier.
Al llegar a Venezuela los Manigat fueron recibidos en Maiquetía por altos dirigentes de Copei como el ex mandatario Luis Herrera Campíns y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Rodríguez Iturbe.
Manigat fue el primer mandatario haitiano electo en 30 años, y apenas se mantuvo 4 meses en el poder porque crecieron las sospechas de que el resultado comicial que lo favoreció había sido amañado.
En 1986 había exigido a la junta militar que gestionó la transición de la dictadura duvalista que purgara de sus filas a funcionarios del antiguo régimen. Como ejemplo a seguir, reivindicó a la junta de gobierno que se instaló en Venezuela en 1958, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. “El modelo político venezolano debe ser un precedente para asegurar la apertura democrática en Haití. Es imprescindible que todas las facciones políticas del país se unan para diseñar una política democrática de transición”, declaró entonces Manigat.