Un tribunal militar y la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales, se encargarán de investigar el grado de responsabilidad que pudieran tener 15 efectivos del 251 Batallón de Infantería Mecanizada del Ejército, en la muerte del joven “pimpinero” de 24 años, Reny Adolfo Suárez Julio, ocurrida el martes 9 de julio en Orope, municipio García de Hevia. lanacion.com.ve
Para ello llegó al Táchira un equipo o comisión del área disciplinaria del Ministerio de la Defensa, que junto a la instancia de Derechos Fundamentales, se encargará de calificar la conducta de los militares (dos tenientes, varios sargentos segundos, sargentos terceros, y soldados), tanto masculinos como femeninos, y el grado de exceso o abuso que pudieron haber aplicado contra Suárez Julio y otros pimpineros que se hallaban en un depósito clandestino de combustible, hallazgo que provocó la trágica situación.
Proceso a 11 civiles
En cuanto al proceso que se les sigue a los 11 civiles, 4 de ellos menores edad, que fueron detenidos en flagrancia en el depósito clandestino, lugar en el que se decomisaron 13 mil litros de combustible, se informó que el exceso que pudieron haber tenido los militares contra Suárez y sus acompañantas no desvirtúa de que estuvieran cometiendo un hecho punible, acotó una fuente tribunalicia.
De esta manera, la Fiscalía 27 del Ministerio Público, a cargo del abogado Sami Handam Suleiman, imputó a los 7 adultos por los delitos de manejo ilícito de sustancias peligrosas, asociación para delinquir y uso de adolescente para delinquir, y por ello el Tribunal de Control que lleva el juicio, ordenó su reclusión en el CPO.
En cuanto al estatus de los cuatro adolescentes, a disposición de la Fiscalía 19 del Ministerio Público, están a la espera de que se materialice una fianza, pues el tribunal les otorgó medidas sustitutivas.
Por ahora, lo que resta es esperar a que transcurra el lapso de los 45 días para que la Fiscalía 27, con respecto a los adultos, presente el acto conclusivo por el caso del depósito de gasolina.
También se aguarda para saber si esta instancia fiscal tramitará o no, algunas medidas privativa judiciales de libertad contra los efectivos militares actuantes en el procedimiento.
Además del hecho de haber retenido en el lugar 13 mil litros de combustible, la Fiscalía presentó ante el juzgado, como evidencia de interés criminalístico, fotografías de los tanques clandestinos, motobombas, mangueras, pipotes con gasolina, y camiones donde los cargaban, lo que infiere que efectivamente los detenidos estaban cometiendo el delito de contrabando.
Tanto la muerte de Suárez Julio, que se asegura por parte de sus familiares que fue objeto de tortura e incluso obligado a ingerir gasolina por parte de los militares, como la detención de otras personas que también fueron maltratadas, varias de ellas que no tenían nada que ver con el depósito, provocó en la población de Orope que sus pobladores salieran a la calle a protestar durante dos días, en repudio a ambas acciones ejecutadas por el Ejército.