Uniformados que actúan como delincuentes. Un aumento de sueldo puede bajar el número de funcionarios involucrados en delitos. Se necesita mayor instrucción académica y mayor efectividad en el organismo de justicia. Lolita Aniyar de Castro, criminólaga, considera que la corrupción en policías resulta un viejo problema que aún no se ataca, publica La Verdad.
Por Juan José Faría / Maracaibo / jfarias@laverdad.com
En el portal electrónico del Ministerio Público se ven, a través de una breve inspección, más de seis procedimientos contra funcionarios públicos: cinco policías de Lara acusados, uno de Sucre imputado por extorsión, 18 de Cojedes condenados por evasión, un sargento privado por lesiones y un juicio contra un policía de Yaracuy por el delito de extorsión. Estos casos ocurrieron durante los últimos 20 días del mes de julio y demuestra que en todo el territorio existen uniformados que cada vez más participan en delitos.
El caso de los militares extorsionadores en Maracaibo dejó la interrogante obvia: ¿Están las instituciones en una crisis moral? Tal parece que, si existe tal crisis, está arraigada en el país desde hace muchos años. Luis Izquiel, criminólogo, busca una respuesta a este caso y cree que los bajos salarios son una de las causas.
“No se justifica que un funcionario incurra en delitos, pero está claro que con unos sueldos acordes, que no tengan -los funcionarios- necesidad de buscarlo por otro lado, existiría menos desviación”. Izquiel recuerda que Tareck El Aissami, durante su gestión como ministro de Interior y Justicia, aseguró que el 20 por ciento de todos los delitos lo cometen los funcionarios de seguridad. También recordó que el presidente Nicolás Maduro dijo en una de sus alocuciones que el 90 por ciento de los secuestros lo cometen uniformados.
Marino Alvarado, director de la organización Provea, recuerda que en 2006, durante la reforma policial, se determinó que el 25 por ciento de todos los delitos lo cometen los funcionarios. Esto deja claro que la crisis moral no está recién instalada en la sociedad, sino que ha formado parte de las instituciones. El problema, para Izquiel y Alvarado, es que no se ha atacado lo suficiente. El director de Provea hace la salvedad de que, a pesar de todo, el Ministerio Público muestra que se llevan muchos procesos contra los uniformados.
Sí se puede
Son más de 20 años de señalamientos contra los organismos. La mayoría de los procesos se abren contra los militares de la Guardia Nacional, señalados de formar parte de redes de narcotráfico, de ingreso de armas a las cárceles, de colaboración en el contrabando y de extorsión y secuestro. Sin embargo, para Marino Alvarado, la prueba de que sí se puede depurar toda la vieja práctica policial está cerca, en el municipio San Francisco.
Explica que en los años noventa era ese cuerpo policial el ejemplo de efectividad, responsabilidad, respeto y convivencia. El municipio sureño, considerado para entonces como una zona poco recomendable de Maracaibo, se convirtió en el ejemplo a nivel nacional. “Ahora no pasa lo mismo. Se dejó de hacer el trabajo y esa Policía recibió las mismas denuncias que reciben todas”.
El experto
Lolita Aniyar de Castro Criminóloga
“La presencia militar en las calles no es preventiva, es de terrorismo de Estado. Tanto delincuentes como gente honesta tendrían razones para asustarse cuando ven a los militares desplegados en las calles, militares que pocas veces tienen la cortesía necesaria para tratar a los ciudadanos y son un símbolo de que este es un Gobierno de fuerte componente militar en funciones civiles, con la cultura vertical de dar órdenes y esperar obediencia sin discusión. Pero los delincuentes están mejor preparados para escurrir el bulto, pues su profesión es saber adónde ir cuando la fuerza está desplegada en algún lugar. La delincuencia migra geográficamente según el juego de posiciones de la represión y del delito. O sea, que los honestos son los que resultan atemorizados y paralizados, inclusive en posibles manifestaciones políticas legales”.
¿Por qué delinquen?
Para la criminóloga Lolita Aniyar de Castro existen varios motivos: “El portador de un arma tiene un poder excepcional. Si el arma es legal y está acompañada de uniforme, ese poder aumenta. Por eso el control estricto del uso de la fuerza y de las armas debe ser materia básica de formación y de estricto cumplimiento (…) La selección del agente de seguridad y su formación son fundamentales. También la satisfacción de sus necesidades personales y familiares, con salarios respetables y construcción de su autoestima profesional”.