Del respiro de satisfacción que invadió el cuerpo de Liliana D’Amunnzio, cuando se enteró del exhorto del presidente Hugo Chávez Frías, de solventar la situación de las victimas de estafa inmobiliaria, apenas queda el recuerdo. Nada más.
Esa sensación de alivio que recorrió su cuerpo tras el pensamiento de que las respuestas llegarían, se ha ido desvaneciendo con el tiempo y con la desatención de las instituciones competentes. Su caso, junto al de más de 300 familias en Caroní, ha pasado por una decena de instancias. Todas las reciben, ninguna da respuesta.
“Esto, por lo menos mi situación, es desde 2007. Nos prometieron una vivienda que se tenía que entregar en mayo de ese año y nada se construyó. Desde ahí hemos empezado la lucha”, dice la mujer que solo ha recibido omisiones de las autoridades competentes.
Cuando firmó contrato con la empresa Sistcon el costo de los apartamentos que le ofrecieron era de 200 mil bolívares. El acuerdo estimaba la cancelación de la mitad del costo total como inicial y el resto en cuotas. 40 personas aceptaron el proyecto que se construiría en terrenos ubicados en Villa Ikabarú; pero no se hizo.
D’Amunnzio fue una de las primeras en denunciar. Luego se sumaron otros afectados, alguno de ellos en una situación más complicada: la empresa Sistcon le revendió terrenos que ya tenían dueños. Todo llegó a las instancias competentes. Nada pasó.
Organización
En los últimos 10 años las estafas inmobiliarias han sido recurrentes en la ciudad. Al menos 600 personas denunciaron situaciones similares y no fueron tomadas en cuenta.
Por esta razón, en febrero de 2012, tras un trabajo de organización, los afectados por este delito se unificaron en el Frente Contra la Estafa Inmobiliaria del estado Bolívar.
En conjunto, la data de proyectos se elevó a nueve denunciados, algunos de ellos por la misma compañía. Tal es el caso de Constructora 2005, C.A., que inició la edificación de tres complejos habitacionales implicados en estafa.
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