El exjuez español Baltasar Garzón defenderá en España los intereses del gobierno dominicano y de la familia de una alta funcionaria de ese país muerta en el accidente de tren que el 24 de julio se cobró la vida de 79 personas. AFP
Fue el gobierno de Santo Domingo quien solicitó al exjuez español que se hiciese cargo del caso en coordinación con el despacho jurídico dominicano de Radhames Jiménez, exprocurador general de ese país, informó este miércoles en Madrid una portavoz de Garzón, precisando que éste “ya está viajando hacia la República Dominicana”.
El gabinete de abogados del exjuez exigirá “responsabilidades penales y civiles” en España para garantizar los derechos de la alta funcionaria Rosalina Ynoa, su familia y su país, subrayó.
Directora de Cooperación Internacional en el seno del ministerio de Economía de República Dominicana, Ynoa, casada y con cuatro hijos, había viajado a España para participar en una reunión preparatoria de la Cumbre Iberoamericana prevista en octubre en Panamá.
El 24 de julio viajaba a bordo del tren procendente de Madrid que a las 20H42 (18H42 GMT) descarriló en una curva peligrosa a 4 km de la estación de Santiago de Compostela causando 79 muertos y más de 170 heridos.
El accidente tuvo lugar en una zona donde la línea, de alta velocidad hasta ese momento, se transforma en vía convencional y la velocidad se limita a 80 km/h.
Los primeros elementos de la investigación revelaron que el convoy circulaba a 192 km/h pocos kilómetros antes de volcar y que su maquinista se encontraba al teléfono con un colega de la compañía española de ferrocarriles Renfe en el momento del accidente.
El conductor, Francisco José Garzón, un experimentado profesional de 52 años, fue imputado de 79 homicidios por imprudencia.
Según la prensa dominicana, los restos mortales de Ynoa debían ser repatriados este viernes.
Famoso internacionalmente por haber realizado investigaciones sobre numerosas casos contra los derechos humanos, Garzón, de 57 años, fue condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación para ejercer como juez en España por haber ordenado escuchas consideradas ilegales en un caso de presunta corrupción que sacude a la derecha española desde 2009.
El exjuez, responsable de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, ejerce desde entonces como abogado, asumiendo la defensa entre otros del fundador de la web WikiLeaks, Julian Assange.