Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, repudió la sentencia dictada el jueves en contra del periódico, en la que se prohíbe a este medio de comunicación, así como al diario Tal Cual, la publicación de imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos. “Con este fallo buscan eliminar de la prensa las noticias sobre inseguridad en uno de los momentos más espantosos de la historia de Venezuela en materia de violencia criminal”, dijo. Otero advirtió que la prohibición que ahora sólo aplica a El Nacional y Tal Cual puede ser empleada en el futuro a los demás medios impresos del país. “Es una sentencia arbitraria que implica censura previa, cosa que es contraria a los preceptos constitucionales. Además es inaplicable en Venezuela porque todos los periódicos publican fotos sobre crímenes y hechos violentos. Lo que pasa es que no quieren que publiquemos la realidad del país”, aseveró.
El proceso contra El Nacional fue abierto ante el Tribunal Tercero de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas por una foto publicada el 15 de agosto de 2010 en la primera plana del periódico, en la que fue capturada la manera en la que estaban dispuestos los cuerpos que debían ser objeto de autopsia en la morgue de Bello Monte. En la gráfica se apreciaban cadáveres desnudos, algunos dispuestos de a dos en cada camilla y otros apilados unos sobre otros en el suelo. El presidente editor de El Nacional indicó que la estrategia del Gobierno es usar el sistema de justicia para la persecución política. “El Ejecutivo secuestró al Judicial y está criminalizando al periodismo independiente. Venezuela se está convirtiendo internacionalmente en un país paria con respecto a la aplicación de las leyes y a la forma inconstitucional en la que actúa el Gobierno”, señaló.
Es prensa, no radio ni TV. “Nos están juzgando como si fuéramos un canal de televisión o una radio”, dijo Otero, a propósito de que El Nacional fue sentenciado conforme al artículo 234 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que no es aplicable a medios impresos. El capítulo sanciona a los medios que hayan “transmitido imágenes inadeacuadas” para menores de edad en “horario distinto al autorizado”, y prevé sanciones de “suspensión de la programación”. Es decir, a medios audiovisuales. El Nacional apelará la decisión, en la que además de la mencionada prohibición se ordenó el pago de una multa equivalente a 1% de sus ingresos brutos durante 2009. “Hasta ahora no está en peligro la estabilidad económica de El Nacional, pero si nos aplican 20 multas de esas y todas las semanas actúan de esta manera entonces van a acabar con el periódico. Mejor es que manden unas tanquetas de una vez y nos cierren”, afirmó Otero.
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