La guerrilla comunista de las Farc y el gobierno de Colombia cruzaron recriminaciones este jueves, al cerrar con escasos avances un ciclo de diálogos de paz por desacuerdos sobre reformas legales del presidente Juan Manuel Santos que, según los rebeldes, constituyen un “estorbo”. AFP
El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, criticó el “exceso de retórica” de las Farc y dijo que “está a la vista que falta eficacia en estas conversaciones” de paz de La Habana, iniciadas en noviembre de 2012 con el fin de acabar un conflicto armado de casi medio siglo.
“La delegación del gobierno espera avanzar de manera efectiva en la construcción de acuerdos en el próximo ciclo (que partirá el 3 de octubre), porque, como lo ha dicho el propio presidente Santos, la paciencia de los colombianos no es infinita”, dijo De la Calle.
Por su parte, las FARC acusaron al gobierno de llenar de “obstáculos el escabroso camino del entendimiento”, al insistir en forma “unilateral” en sus proyectos del “marco jurídico para la paz” y de un referendo sobre un eventual acuerdo de paz.
“La iniciativa gubernamental del referendo no fue convenida por las partes en la mesa de conversación. Se trata de una propuesta unilateral que el gobierno puso a consideración del Congreso por fuera del espíritu y la letra del Acuerdo de La Habana” del 26 de agosto de 2012, que puso en marcha el proceso de paz, dijo el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez.
Márquez insistió en que debe ser una asamblea constituyente la que valide un eventual acuerdo de paz y no un referendo, como lo propuso Santos.
“La posibilidad de convocar una constituyente está contemplada en la Constitución nacional. Su invocación no es una sorpresa para nadie. Es una necesidad en la hora actual”, dijo Márquez, quien es número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país.
Las FARC también criticaron la propuesta del “marco jurídico para la paz”, una reforma legal que permite la participación en política de exguerrilleros una vez que se desmovilicen. Este proyecto fue aprobado por el Congreso y fue validado el 28 de agosto por la Corte Constitucional colombiana.
“Al mencionado ‘marco’ que ya de por sí es un enorme estorbo para la paz, la Corte Constitucional le sumó perturbaciones como esa de que la guerrilla debe entregar secuestrados que no tiene”, dijo Rodrigo Granda, otro negociador de la guerrilla.
Pese a los desacuerdos, ambas partes dijeron en un comunicado conjunto que en este decimocuarto ciclo de pláticas “continuaron avanzando en la construcción de acuerdos, en comisión de redacción, en torno al segundo punto de la agenda de conversaciones sobre participación política”.
Las dos partes “avanzaron en la redacción de distintos mecanismos de participación ciudadana y diálogo social y continuaron la discusión de las distintas concepciones sobre la mejor forma de fortalecer las organizaciones y movimientos sociales y las garantías necesarias para su funcionamiento dentro del marco de la democracia”, agregaron.
De la Calle también reconoció que hubo algunos avances en este ciclo, pero insistió en que son insuficientes.
“Hemos avanzado y tenemos logros importantes, pero no son suficientes. Tenemos que mostrarles más resultados a los colombianos para cumplir con sus expectativas”, señaló.
Santos esperaba originalmente tener sellado un acuerdo de paz en noviembre de este año, pero esa meta parece muy difícil de lograr. Hasta ahora las dos partes lograron consenso sobre el primero de los cinco puntos de la agenda, el tema agrario, causa de la disputa que llevó a la creación de las FARC en 1964.
Ambas partes invitaron este jueves a los colombianos a participar en un foro ciudadano sobre drogas ilícitas, que comenzará el 24 de septiembre en Bogotá. Este será el siguiente tema que trataran las partes en La Habana.
Los otros temas pendientes de la agenda son el abandono de las armas y la reparación a las víctimas, además de los mecanismos de refrendación de los acuerdos.