Hace poco menos de un mes, 31 maletas repletas de cocaína a nombre de pasajeros ficticios llegaron a Paris en un avión de Air France que salió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La gigantesca incautación de 1,3 toneladas de droga, la más importante de la historia de Francia, puso en la agenda pública uno de los principales problemas de nuestro país: el crecimiento del negocio del narcotráfico y los nuevos tentáculos del crimen organizado en Venezuela.
Este tipo de ilícitos han sido abordados por el Gobierno en una actitud defensiva, sin una política de Estado destinada a luchar contra las redes que han tejido las organizaciones criminales transnacionales. Basta que un organismo como la Organización de Naciones Unidas muestre en su informe anual que Venezuela es un importante puente en las principales rutas del narcotráfico, para que desde el Estado brote una lluvia de estadísticas de supuestas operaciones antidrogas, incapaces de demostrar una eficaz estrategia nacional contra el tráfico de estupefacientes.
El caso de las narcomaletas refleja varias de las debilidades en las políticas oficiales. Primero, no es el único caso donde se registra la participación de efectivos militares y funcionarios del Estado en el tráfico de drogas. Segundo, es evidente la penetración de organizaciones criminales internacionales en nuestro país, no sólo de esa supuesta mafia ítalo-británica, sino también de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas de México, o bandas criminales organizadas desde Colombia.
Carlos Tablante y Marcos Tarre Briceño han plasmado en el libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, una vasta descripción de hechos y estadísticas sobre las redes de los grupos delictivos organizados en Venezuela, no sólo con tráfico de drogas sino con hechos de corrupción en las grandes empresas del Estado, secuestros, delitos financieros como la legitimación de capitales, los fraudes de ilícitos cambiarios y la mal llamada “minicrisis financiera”, cuando fueron intervenidos varios bancos cuyos mayores depósitos salían de las arcas públicas.
Como demuestran Tablante y Tarre, la delincuencia organizada ha penetrado profundamente muchas instancias oficiales, incluyendo las militares. La destrucción de la institucionalidad no sólo vulnera la Constitución, sino que le ha permitido a altos funcionarios enquistados en el poder beneficiarse de la corrupción, seguros de su impunidad, con un Poder Legislativo que no investiga, una administración de justicia que tarifa a los imputados, una Contraloría que no indaga y un Ministerio Público sometido a órdenes partidistas.
Estamos ante una situación crítica con el desbordamiento del crimen organizado, que alimenta buena parte de los reportes diarios y semanales de homicidios. Un gobierno con un aparato represivo que persigue a la disidencia, mientras le permite a grupos delictivos conectarse con las instituciones, construyendo así un estado delincuente. La indefensión del ciudadano es doble. El ciudadano ya no sólo es víctima día a día del hampa en las calles, también es víctima cuando acude a quien está llamado a protegerlo y a garantizar la convivencia. Es víctima de Estado secuestrado por el crimen.
Recomendamos a todos los venezolanos la lectura de esta investigación de Tablante y Tarre, un testimonio esencial para entender la realidad política venezolana y que no hace sino reforzar nuestro compromiso por la construcción de un país distinto, donde el Estado esté al servicio de los ciudadanos, y no de los delincuentes.