Recién el jueves, 10 días después de comenzado octubre, el Banco Central de Venezuela reveló los indicadores económicos de septiembre. Fue un golpe duro para un Gobierno que se precia de mandar por y para los pobres y tal vez por ello costó tanto darlo a conocer. La inflación avanzó un 4,4% el pasado mes y acumula un aumento del 38,7% en lo que va de año. Cálculos del economista Jesús Casique revelan que en el estrato más pobre de la sociedad, donde se asienta buena parte de la parcialidad chavista, la inflación anualizada trepó por encima del 50%. Todo un récord para la era chavista que aún se consuela con el máximo alcanzado en 1996 durante el gobierno de Rafael Caldera, del 103%, reseña El País de España.
Alfredo Meza Caracas/El País de España
Algunos analistas atribuyen el mal desempeño a las erráticas políticas económicas iniciadas hace 10 años con un severo control de cambios. Pero a las fallas estructurales del modelo debe agregarse ahora un enfrentamiento entre el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, y el titular de Planificación, Jorge Giordani por el rumbo que debería tomar la economía. Merentes, más pragmático, es partidario de flexibilizar el acceso a las divisas y establecer un sistema que permita más libertades a los empresarios para las importaciones, sin que eso signifique el fin de los controles. Eso permitiría detener el sistemático incremento de la moneda estadounidense en el mercado negro —que vale siete veces más que el oficial— que es utilizado como marcador por buena parte de los comerciantes para calcular el costo de reponer la mercancía.
Giordani, en cambio, cree que es la hora de seguir profundizando la autodenominada revolución bolivariana reservando al Estado y a los particulares supervisados y regulados la importación de rubros prioritarios mediante la arbitraria asignación de divisas a precios preferenciales —6,3 bolívares por dólar— a través de Cadivi, el órgano creado a tales fines. Giordani ha declarado en el pasado que en el apogeo de la escasez se encuentra la esencia del socialismo. El actual panorama le ofrece las condiciones para imponer un modelo de inspiración cubana donde el Estado restrinja la oferta de divisas. Con esa idea pretenden estimular la producción nacional.El martes el grupo de los ideólogos tomó la delantera al anunciar a través de uno de sus más conspicuos representantes, el vicepresidente Jorge Arreaza, yerno del fallecido Hugo Chávez, que sólo se entregarían dólares para alimentos y medicinas, lo que equivaldría a dejar por fuera de las asignaciones a 22 sectores económicos y a las personas que desean viajar fuera del país. Ese mismo día Merentes también quedó fuera de la vicepresidencia del área económica y fue sustituido por otro hombre cercano a Giordani, el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez. Pero en una prueba de que nada está decidido, los pragmáticos recobraron el aliento. El jueves Maduro hizo una defensa de las propuestas de Merentes al reivindicarlo como el responsable de toda la ingeniería financiera que garantizaría la viabilidad fiscal en lo que resta de 2013. Fue de alguna forma un llamado de atención a la temprana victoria que cantaron los ideológicos. Maduro también anunció que se reiniciarían las subastas de dólares a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas, una propuesta del titular de Finanzas, de modo de cumplir las demandas de un país que importa 96% de lo que consume. Serán unos 100 millones de la moneda estadounidense (76 millones de euros) que saldrían a subasta cada semana, insuficientes, sin embargo, para satisfacer las necesidades.
Pero la pregunta sigue siendo si el Gobierno tiene dinero para honrar esos anuncios. Maduro asegura que sí, pero el bajo nivel de las reservas líquidas —apenas alcanza para cuatro días de importaciones— deja dudas sobre la viabilidad de la propuesta. “Lo que hay es una feroz ofensiva de los medios de comunicación contra nuestra economía”, dijo Ramírez al fijar el reinicio de las subastas para el próximo miércoles. El jefe del Estado luce cercado por esas dos antagónicas posturas y aún no termina de tomar una decisión. Seguir el camino de Giordani y compañía lo llevaría a prolongar la escasez y el descontento entre sus bases. En septiembre el índice de escasez promedio en el país repuntó a 21,2%, 1,2% más que en agosto. Seguir el camino de Merentes implicaría traicionar el legado de Hugo Chávez y alimentar a lo que con desprecio llaman la burguesía parasitaria. Las consecuencias se verán en las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre donde el chavismo pretende copar la mayor cantidad de alcaldías y representantes en los concejos municipales.
El Gobierno ha creado el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) para monitorear y “neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos y externos”. El primer “enemigo interno” es el tabloide popular 2001, del Bloque de Armas, que en la edición del jueves tituló en portada La gasolina la echan con gotero.
El artículo hablaba de las largas colas para abastecer a los vehículos de combustible, una consecuencia, entre otras razones, de las pocas gasolineras disponibles en el país. Ya no es un negocio rentable debido a que los precios del carburante no se han incrementado desde 1996. Un enfurecido Maduro blandía el jueves un ejemplar del diario en la mano y pedía la máxima pena posible para el responsable del titular. “Es un titular cochino y grosero”, dijo La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, aliada del Gobierno, investigó el asunto y contó que ella misma había constatado la falsedad de la nota al recorrer cuatro gasolineras y observar filas normales.
La falta de resultados en el combate contra la inflación y el desabastecimiento ha llevado al Gobierno a responsabilizar a los medios de difundir el pánico entre la población al reseñar esas noticias. El nuevo organismo tendrá entre sus funciones decidir qué información pública quedará reservada.
La reacción de los defensores de la libertad de expresión no se hizo esperar y vaticinaron que con ese organismo se limitará el derecho de estar informados veraz y oportunamente según los términos de la Constitución. “¿De qué se puede hablar públicamente sin correr el riesgo de padecer la eterna acusación de desestabilizar al país o de atentar contra la seguridad nacional?”, se preguntó la organización Reporteros Sin Fronteras.
Todo indica que el Gobierno limitará todavía más las oportunidades que tiene la prensa no oficial de obtener información oficial. Aquel que se salga de la horma corre el riesgo de sanciones. La investigación contra 2001 se une a otra contra el canal Globovisión, que también mostró las consecuencias de la escasez en un programa.