Alfredo Meza /Caracas/El País de España
Los tripulantes fueron obligados a navegar hasta la isla de Margarita donde permanecieron hasta el lunes. El Ministerio Público imputó al capitán de la nave, el ucraniano Igor Bekirov, por ingresar a la zona marítima venezolana y luego lo dejó en libertad junto al resto de la tripulación. En un comunicado la empresa dueña del buque retenido afirmó que el lugar donde se produjo el incidente es objeto de una disputa territorial entre los dos países.
Venezuela ha exigido una aclaración del incidente, aunque Guyana considera que el barco estuvo en todo momento en su jurisdicción. “Este incidente no tiene precedentes en las relaciones entre ambos países”, afirmó el Gobierno de Guayana en un comunicado. “Las acciones del buque de la Armada son una grave amenaza a la paz de esta subregión”, agregó. Antes de que arreciara más la tormenta los cancilleres Elías Jaua, de Venezuela, y Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, conversaron para intercambiar opiniones y acordaron reunirse este jueves 17 de octubre en Trinidad y Tobago.
Para Caracas el incidente corona una serie de amagos hechos por su vecino para ampliar sus intereses en el Caribe oriental y tomar ventaja así del potencial económico de la región otorgando concesiones a empresas energéticas transnacionales. Todo esto ha sido posible según la oposición venezolana porque el gobierno ha sido aquiescente con la idea de Guyana de explorar petróleo en la franja de mar frente a la Guayana Esequiba. Pero hay más: los cálculos de los expertos indican que el Bloque Roraima está en la zona de proyección marítima frente al estado Delta Amacuro, al Oriente de Venezuela. “Ese territorio no forma parte de la zona en reclamación”, advierte la diputada María Corina Machado.
La oposición considera que esos intentos no han sido debidamente atendidos por la cancillería o por negligencia o para obtener réditos políticos que soporten la expansión del proyecto bolivariano. En septiembre de 2011 el Gobierno de Guyana solicitó a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la extensión de los límites de su plataforma continental de 200 a 350 millas náuticas. Sólo después de la presión de la prensa y los académicos, recuerda la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela, María Teresa Belandria, en marzo de 2012 el gobierno formuló un reclamo en el que argumentaba que esa petición lesionaba sus intereses. Dos meses después los países del Caribe oriental integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reunieron para evaluar la situación y cerraron filas con Guyana. Las naciones asumieron la tesis de Guyana según la cual no existe disputa territorial en razón de que la decisión arbitral de 1899 había fijado definitivamente los límites. Venezuela rechaza ese fallo porque a su juicio fue un procedimiento írrito y se ciñe a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que plantea encontrar una solución práctica a la controversia entre ambos países.
Fue de algún modo un mazazo para Caracas. Tres de esos países del Caricom –Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas- pertenecen al Alba, la instancia impulsada por Venezuela para intercambiar petróleo por apoyo político y alimentos. Había, además, una paradoja que remarcaban los especialistas. Cómo fue posible que un gobierno que se presume nacionalista, que establece un lazo directo con la guerra de independencia y que acusa a sus adversarios de “vende patria”, haya sido tan displicente frente a las pretensiones expansionistas del vecino.
La respuesta está en la vacilante actuación del fallecido presidente Hugo Chávez frente a la controversia limítrofe con Guyana. Después de oponerse firmemente en 2000 a la construcción de una base aeroespacial en ese país, en 2004 cambió el discurso. Dijo entonces que su gobierno no se opondría al derecho del gobierno vecino de otorgar concesiones para la exploración petrolera. También agregó años más tarde, cuando declaró socialista a su revolución, que la reclamación ejercida por el Estado venezolano en 1966 obedeció a la presión de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno guyanés de la época. “Al calificarlo como una provocación imperialista Guyana tuvo una razón más para no negociar”, explicó el ex embajador en ese país, Sadio Garavini, en un artículo publicado en el diario local El Universal.
La controversia encuentra al país indiferente al reclamo. El gobierno no ha hecho tampoco un gran despliegue por la violación de la soberanía nacional y la oposición muestra sus diferencias estratégicas. María Corina Machado reconoce que aunque el tema es importante porque Guyana cometió un acto hostil, los venezolanos están pendientes de otros asuntos. “La gente no tiene con qué comer”, recuerda. La Mesa de la Unidad, la alianza de partidos opuestos al chavismo, sólo ha respondido en esta coyuntura mediante sus expertos internacionalistas. Siguen concentrados en el protocolo de las elecciones municipales del 8 de diciembre. Y Henrique Capriles se ha focalizado en atacar los problemas derivados del cruel desabastecimiento que acogota al país.