Una comisión de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con apoyo de representantes de Patrulleros de Caroní, acudió a las instalaciones de la Clínica Puerto Ordaz para trasladar a Fermín a la sede del Conas, situada en el Comando Regional N° 8. Para hoy está pautada su audiencia de presentación.
Fuentes ligadas al caso indicaron que Fermín trabajó en el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) y se presume que desde ese organismo público fue donde supuestamente firmó órdenes para que pudieran sacar a niños de Venezuela.
La funcionaria, esposa del fiscal auxiliar N° 11 del Ministerio Público, fue sacada en silla de ruedas del centro clínico, posiblemente se le atribuyan los mismos cargos que a los otros detenidos, los cuales son: trata de personas, asociación para delinquir, falsificación de documentos y corrupción.
AVN reseña que la fiscal 8° nacional, Mery Gómez y la 10° del segundo circuito de Bolívar, Vivian Rojas, imputarán a Fermín “por presuntamente incurrir en delitos previstos en la legislación venezolana”.
Desde agosto
Representantes del Conas, desde un principio, han reiterado su compromiso para ubicar cada uno de los responsables de la red de traficantes de niños, además de Fermín, los otros privados de libertad son: Ricardo Landeros, gerente general de operaciones de Masisa en Venezuela; Yazmín Maurera, profesora de la Unidad Educativa Los Clavellinos; Leomar Barrero, administrador; y Humberto José Guerra, consejero del Cpnna del municipio Caroní.
Según explicaron los encargados del caso, Landeros, de nacionalidad chilena, compró por 16 mil bolívares a las pequeñas que hoy en día son sus hijas y están residenciadas en Chile, aparentemente la salida de estas dos niñas fue las que facilitó Fermín.
Yazmín y Leomar fueron apresados la tarde del 30 de agosto cuando huían con una bebé de 7 meses raptada en Ciudad Guayana a una mujer que Yazmín, haciéndose pasar por representante de la Fundación Renacer e identificándose como Virginia Acosta Castro, contactó a finales de junio. Yazmín presionó a la mujer para reunirse con el argumento de que había sido elegida para una ayuda social.
Ese mismo día, tras la captura de la pareja, los castrenses aprehendieron a Ricardo Landeros, quien pagaría 70 mil bolívares por la bebé. Horas después se capturó al consejero del Cpnna por su vinculación con el caso. Hasta ahora se desconoce cuántos niños, infantes en su mayoría, presuntamente comercializó Yazmín, quien fue directora de la Casa Hogar La Cigüeña hace varios años.
AVN agrega que el Conas allanó la casa de Yazmín donde incautaron “68 carpetas contentivas de medidas de protección alteradas”, una de ellas firmada por la fiscal Fermín.
Desde el Conas, al momento de la detención de Yazmín y Leomar, indicaron que el modus operandi era hacerse pasar por miembros de una fundación que ayudaba a familias de escasos recursos y así se acercaban a estas con la intención de comprarles a sus hijos más pequeños, pero previamente les hacían creer que habían ganado un apoyo económico y los hacían ir con el bebé beneficiado.
“Resulta que al niño se le tomaba una foto y con esa foto se hacía una especie de catálogo que posteriormente sería mostrado a parejas en el extranjero para que seleccionaran al niño o niña de su preferencia”, señalaron los funcionarios, indicando que Ricardo Landeros era el que pagaba por los pequeños y tramitaba la documentación para sacarlos del país.