El expresidente peruano Alberto Fujimori acudirá mañana a la segunda audiencia del proceso que por su presunta responsabilidad en la compra de la línea editorial de diarios sensacionalistas durante su gobierno (1990-2000) en medio de la controversia que se ha generado por su estado de salud. EFE
El exmandatario acudió la semana pasada al inicio del proceso desaliñado y en un aparente mal estado de salud, lo que obligó a que la sesión se suspendiera debido a una crisis de hipertensión.
Fujimori, de 75 años, está siendo procesado peculado (malversación de fondos públicos) en una sala de la prisión policial en la que cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y otras por corrupción.
Minutos antes de iniciarse esa audiencia, Fujimori se colocó un tensiómetro, que llevó a la sala en un neceser, para medirse la presión arterial y su abogado William Castillo pidió a las magistradas que fuera revisado por un médico penitenciario.
La suspensión del juicio hasta el 28 de octubre fue anunciada por el tribunal después de que hablaran el procurador y el abogado del expresidente.
Desde entonces la salud del exgobernante se ha convertido en tema central del debate público, ya que sus seguidores afirman que muestra el mal estado en que se encuentra, mientras que sus detractores han denunciado que se trata de un show mediático.
Todo esto a partir de que Fujimori ha pedido cumplir su sentencia de 25 años en arresto domiciliario, ya que, según su abogado se trata de “un indefenso anciano”.
Sin embargo, tanto el fiscal como el ministro de Justicia, Daniel Figallo, consideraron que el exmandatario debe permanecer en prisión, ya que ese beneficio penitenciario solo procede cuando se trata de una detención preventiva.
No obstante, y a pesar de la protesta de los familiares de las víctimas de las masacres por las que fue sentenciado, el juez que ve esta solicitud ha convocado a una nueva audiencia para el próximo martes, en la que comunicará la decisión que tomará sobre el caso.
Los médicos de Fujimori han negado que el aspecto demacrado que ha presentado en los últimos días haya sido premeditado para inspirar compasión, y su defensa asegura que tiene numerosos problemas de salud.
A las críticas, Fujimori respondió el pasado fin de semana con su ingreso en una clínica de Lima, que tampoco estuvo exento de polémica, pues medios locales divulgaron un vídeo en el que se le ve discutiendo a viva voz con una enfermera a la que exigió que permitiera a todos los congresistas de su partido ingresar a visitarlo.
Fujimori cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el “autogolpe” de Estado que dio en abril de 1992.
En junio pasado, el actual mandatario de Perú, Ollanta Humala, denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori, al tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el caso y señaló que no presentaba una enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.
En el caso del pago ilegal a los diarios sensacionalista, su defensa ha recusado a las magistradas Aissa Mendoza, Carolina Lizárraga y Avigail Colquicocha, un tema que deberá ser tramitado por otra sala, en forma paralela a este proceso.
La Fiscalía peruana ha pedido ocho años de prisión y el pago de un millón de dólares por reparación civil por el desvío de 122 millones de soles (43 millones de dólares) del presupuesto de las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), manejado entonces por su exasesor Vladimiro Montesinos.
Con esos fondos, Montesinos pagó miles de dólares a los dueños de varios diarios sensacionalistas para atacar a los rivales políticos de Fujimori durante la campaña electoral del 2000.
La justicia peruana ya condenó en 2005 a 29 personas por este caso de los denominados “diarios chicha”, entre ellos Montesinos, quien fue sentenciado a 8 años de prisión, y los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva, por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir.