El Ministerio del Trabajo se ha convertido en una alcabala para la autonomía sindical, pues para el próximo 31 de diciembre se impondrá una reforma de los estatutos de las organizaciones sindicales como condición para ejercer la representación de los trabajadores, basándose en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras.
Carlos Salazar, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato FADESS, dirigió la actividad denominada como la toma de las inspectorías del trabajo. Desde allí denunció que el artículo 374 de la LOTTT crea el registro de organizaciones sindicales. “Pedimos que esto deje de funcionar, porque se da a discreción del inspector”.
“En la Ley no se establece que cada persona deba llenar una planilla con datos personales como fecha de nacimiento, dirección o teléfono, pero los fiscales lo piden. Eso ha traído problemas a los sindicatos con más de 5.000 trabajadores que deben actualizar esos datos anualmente”, sentenció.
La acción, denunció Salazar, no es aislada, sino que forma parte de una supuesta política de Estado donde el Poder Electoral ayuda a cercenar la libertad sindical al establecer la potestad de aprobar la realización de elecciones como requisito de existencia de sindicatos y gremios.
“A esto se agregan las leyes donde se restringe el derecho a huelga, por razones de seguridad nacional, al mismo tiempo que se ejecutan decenas de sentencias del Poder Judicial donde han sido encausados sindicalistas por defender el derecho a la contratación colectiva”, aseveró.
Además, denunció el deplorado estado de las inspectorías, donde la gente debe formar largas colas desde temprano. “Deben mudar las inspectorías. No se dan abasto, tienen hasta 10.000 reenganches sin ejecutar y en el sector público ni siquiera los toman en cuenta, sino que quedan en un sueño eterno”.
“Por una parte dicen que tenemos las mejores leyes laborales, pero desmejoran mucho al trabajador, y por otra, el gobierno ejerce prácticas antisindicales, cuando se califican de obrerista, pero promueven represión, criminalización de las protestas y utilización de instituciones contra los derechos laborales”, manifestó Salazar.
La próxima medida que analiza Fadess en caso de no recibir respuesta a sus exigencias es la toma de los tribunales contenciosos administrativos, ya que Salazar considera que son el brazo ejecutor para eliminar los sindicatos.
Margot Monasterios, también representante de Fadess, solicitó las órdenes de reenganche de más de 3.000 despedidos en el sector público. “Rechazamos el acoso laboral y la inseguridad en los centros de trabajo. Exigimos diálogo social, serio y respetuoso con la participación activa de la clase trabajadora”.
Luis Toscano/ Prensa de Solidaridad