La justicia española decidió este lunes embargar las propiedades del yerno del rey, Iñaki Urdangarin, en el marco de un escándalo que sacude desde hace dos años a la monarquía, incluida la mitad del lujoso palacete comprado con su esposa, la infanta Cristina.
A pesar de que la infanta, de 48 años, hija menor del rey Juan Carlos, no está imputada de momento por la justicia, se ve así de nuevo tocada por el caso de presunta corrupción que pesa sobre su marido.
Urdangarin y su exsocio Diego Torres son sospechosos de haber malversado 6,1 millones de euros (8 millones de dólares) de dinero público en un escándalo que provocó la pérdida de popularidad de la corona, sumándose a los problemas de salud del monarca.
Convaleciente tras una operación realizada el 24 de septiembre a raíz de una infección en la cadera izquierda, Juan Carlos, de 75 años, será operado de nuevo el 21 de noviembre para implantarle una prótesis, anunció este lunes la Casa del Rey. Esta será su novena intervención desde mayo de 2010.
En las últimas semanas, el monarca reanudó sus actividades oficiales a un ritmo reducido sin salir del palacio de la Zarzuela donde reside.
Sus reiteradas ausencias por problemas de salud y la imagen de un monarca envejecido llevaron a España a interrogarse sobre la eventualidad de una abdicación a favor de su hijo, el príncipe Felipe, que parece escapar a la caída de popularidad de la monarquía.
Debido a la convalecencia de su padre, el heredero de la corona, de 45 años, viajó en octubre a Panamá durante la Cumbre Iberoamericana y por primera vez presidió en Madrid el desfile militar con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre.
Apartado de las actividades oficiales de la familia real desde que estalló el escándalo a finales de 2011, Urdangarin, de 45 años, sigue en el centro de la investigación realizada desde el tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, por el juez José Castro.
Este lunes, el magistrado ordenó el embargo de 16 propiedades a Urdangarin y Torres por valor de 6,1 millones de euros, para cubrir la fianza de responsabilidad civil que les impuso el tribunal.
Entre los 16 bienes embargados, se encuentra la villa de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin en el elegante barrio de Pedralbes en Barcelona, actualmente a la venta por 9,8 millones de euros. Se incluye asismismo la mitad de otros bienes pertenecientes a la empresa Aizoon, propiedad a partes iguales de la pareja y sospechosa de haber servido de tapadera a la malversación.
Excampeón olímpico de balonmano convertido en hombre de negocios, Urdangarin presidió entre 2004 y 2006 el instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que firmó contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia para organizar eventos relacionados con el deporte.
La infanta Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, había sido vocal en la junta de Nóos hasta 2006.
El juez Castro la había imputado el 3 de abril por tráfico de influencias. A raíz de un recurso presentado por la fiscalía, suspendió esta decisión el 7 de mayo pero abrió a finales del mismo mes una investigación fiscal para estudiar un “posible delito contra la hacienda pública y/o de blanqueo de dinero” cometido por la hija del monarca y su esposo.
El magistrado pidió entonces “un informe sobre las cuentas corrientes que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia sea titular o aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular”.
En agosto, profundizó sus pesquisas pidiendo un nuevo informe al fisco.
Mientras tanto, la infanta se mudó a Suiza, mientras que su esposo permaneció en España. La fundación donde trabaja Cristina, La Caixa, había anunciado en agosto que la hija del rey había sido nombrada en un puesto en Ginebra.
AFP