Mañana se cumple un mes de la solicitud formal de la ley habilitante ante la Asamblea Nacional por parte del presidente Nicolás Maduro y casi tres meses del anuncio público del primer mandatario de la necesidad de contar con poderes especiales para combatir “con urgencia” la corrupción. La cohesión de la oposición ha frenado las intenciones del Gobierno, pues el diferimiento del debate indica que aún no consiguen el tan anhelado voto 99, publica La Verdad.
Por José Gregorio Martínez / Caracas / noticias@laverdad.com
Alfonso Marquina, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), destacó que han quedado dos cosas en evidencia: “Primero, no tenían ninguna urgencia por luchar contra la corrupción, todo formaba parte de un efecto propagandístico para mantener al país pendiente del diputado 99 y tratar de distraernos de los problemas reales como la escasez y la inflación; y segundo, el diputado 99 no lo tienen, lo están fabricando, y la única manera que tienen para conseguirlo es inhabilitando a la diputada María Mercedes Aranguren e incorporando a su suplente”.
El parlamentario explicó que de finalizar el año y no someterse a debate el proyecto de ley habilitante, que cumple ya un mes en los archivos del Parlamento, el próximo año el Gobierno debería hacer una nueva solicitud si pretende insistir en el tema, aunque no sería necesario que el jefe de Estado acuda nuevamente al Palacio Legislativo a consignar el documento.
Recalcó Marquina que para luchar contra la corrupción no hace falta una ley habilitante ni elaborar nuevos instrumentos jurídicos, y el caso de Edgardo Parra, alcalde de Valencia, destituido e imputado por irregularidades durante su gestión, así lo habría demostrado. “Maduro no necesita poderes especiales, más bien lo que tiene que hacer es quitarle los poderes especiales que tienen quienes están cometiendo actos de corrupción en su gobierno. Solamente hace falta voluntad política”.
Acaparar poder
Para Stalin González, diputado por la MUD, la única vía que le queda al oficialismo es el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de María Mercedes Aranguren, a quien ya se le realizó la audiencia en la que la fiscal general de la República solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un antejuicio de mérito contra la diputada, pero el máximo tribunal no se ha pronunciado para que la AN proceda al allanamiento de su inmunidad.
“No pudieron chantajear a ningún diputado de la MUD para conseguir el voto 99. Es evidente que no ha habido plenaria para someterla a debate porque no cuentan con los votos para aprobarla. Antes del receso parlamentario se dijo que convocarían a una sesión especial y no se dio, luego de reanudadas las sesiones ordinarias Nicolás Maduro presentó el proyecto ante la Asamblea y ya ha pasado un mes de eso y ni siquiera la comisión designada para su revisión se ha reunido, a pesar de estar compuesta en su totalidad por diputados oficialistas”.
El pasado 29 de octubre Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, anunció que esa semana convocaría a una sesión especial para dar inicio a la primera discusión del proyecto de ley habilitante, pero dicha convocatoria no se efectuó y tampoco esta semana, en la que el Parlamento se ha abocado a discutir la Ley de Presupuesto 2014 y la Ley Especial de Endeudamiento 2014.
Stalin González atribuye también a contradicciones entre Maduro y Cabello el retraso en la discusión de la habilitante, ante la reducción de facultades que sufrirá Diosdado Cabello con el otorgamiento de poderes especiales al primer mandatario. “Con la habilitante la AN estaría renunciando a sus poderes y quien preside la Cámara evidentemente se quedaría con menos poderes de los que tiene”.
En declaraciones ofrecidas ayer a Noticias 24, el diputado oficialista Claudio Farías aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tenía 100 votos garantizados para la habilitante, pero han diferido su discusión porque apostaban a incluir más votos.
TSJ avala juicio contra Araguren
EFE. Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) consideró ayer que hay elementos para abrir juicio a la diputada opositora María Aranguren por presunta corrupción, en un proceso que podría terminar con la destitución de la parlamentaria de su escaño.
Con el fallo, difundido en un comunicado, el TSJ accedió al pedido de la fiscal general, Luisa Ortega, y abrió la puerta al retiro de la inmunidad parlamentaria de Aranguren, quien de esta forma podría ser enjuiciada y apartada de su escaño allanando el camino para que el chavismo alcance mayoría cualificada de tres quintos en el Legislativo, los votos necesarios para aprobar la ley habilitante.
Aranguren está acusada por la Fiscalía de los delitos de peculado doloso, asociación para delinquir y legitimación de capitales por supuestas irregularidades detectadas en la época en la que fue presidenta de una empresa inmobiliaria en la capital del estado Monagas (oeste) creada con dinero público.
El TSJ informó que de esta manera rechazó la solicitud de sobreseimiento interpuesta por los abogados defensores de la legisladora, una disidente chavista que ha declarado que la causa en su contra tiene como objetivo sacarla de la Asamblea Nacional).
Según la diputada, el Gobierno quiere que su suplente, Carlos Flores, tome su lugar en el Parlamento y vote a favor de una solicitud de poderes especiales solicitada al presidente Nicolás Maduro.
La próxima semana
Durante la cadena nacional en la que se anunciaron una serie de medidas económicas, el presidente Nicolás Maduro dijo ayer que confiaba en que la próxima semana se aprobaría la habilitante “con el diputado 99, 100 o 101”, con la que podría profundizar las acciones tomadas. Vale destacar que en el proyecto presentado a la AN se incluyó también el área económica, pues el primer mandatario espera contar con poderes especiales para aprobar vía decreto las reformas a la Ley contra los Ilícitos Cambiarios y a la Ley del Mercado de Valores, para avanzar en la creación de un nuevo mecanismo de asignación de divisas.