La Asamblea Nacional se aprestaba el jueves a debatir una ley habilitante que le da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar por un año, y que se considera será aprobada ya que el oficialismo cuenta con los votos necesarios, reseña Associated Press.
“Todo está listo para aprobar la habilitante, que para vergüenza de todos se usó el poder judicial para alcanzar una mayoría (de dos terceras partes) como lo contempla la constitución, dijo a la AP la diputada opositora María Corina Machado.
“Como no pudieron comprar la conciencia de los hombres y mujeres de la unidad (la oposición), como no pudieron doblegar a la diputada, mediante el chantaje y la extorsión de un juicio, entonces corrompieron a la justicia por la urgencia de satisfacer al señor Maduro”, indicó Machado.
El camino para la discusión de la ley quedó despejado el martes después de que la bancada oficialista, integrada por 98 diputados, aprobó el retiro de la inmunidad o el fuero de la diputada disidente María Aranguren en medio del rechazo de la bancada opositora, que condenó la acción por considerar que sería parte de una maniobra política: con la baja de la legisladora, asumiría su suplente oficialista y así la bancada de gobierno alcanzaría los 99 votos que requiere para aprobar la ley habilitante. Aranguren vio su fuero retirado por una denuncia sobre un supuesto caso de corrupción en una empresa de espectáculos creada para administrar y garantizar el mantenimiento de un gigantesco estadio construido en el este del país para la Copa América de 2007.
La Asamblea convocó para la jornada una sesión y dar el primero de los dos debates que se requieren para aprobar los poderes especiales para el mandatario y que básicamente le permitirán a Maduro emitir decretos con fuerza de ley. No se ha informado cuándo será ese segundo debate.
Con la mayoría parlamentaria de su lado, se da como un hecho que Maduro conseguirá sus poderes, de la misma forma en que lo hizo su predecesor y mentor: el fallecido mandatario Hugo Chávez.
Chávez obtuvo de la Asamblea Nacional cuatro leyes habilitantes (1999, 2000, 2007 y 2010) que le permitieron aprobar por la vía de decreto cerca de 200 reformas legales y nuevas legislaciones que utilizó para ampliar el poder estatal, incrementar los controles sobre todos los sectores del país, y llevar adelante la instauración de lo que denominaba su modelo socialista.
Los 67 diputados opositores se han negado a respaldar esa ley porque dicen que si se aplican las leyes actuales se puede combatir la corrupción, uno de los argumentos de Maduro para solicitar tales poderes, y que la Asamblea Nacional no puede ceder al Ejecutivo su función legislativa.
El máximo tribunal anunció la semana pasada que su Sala Plena aprobó la solicitud de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y determinó “que hay mérito para el enjuiciamiento de la referida parlamentaria” en un caso de presunta corrupción que data de 2008, dos años antes de su postulación como diputada por el oficialismo.
La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular, y establece que para poder someterlos a un proceso judicial el Tribunal Supremo debe autorizar el retiro de la protección legal. La Asamblea quedó facultada para aprobar su desincorporación temporal del cargo.
Por JORGE RUEDA