La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su alarma por las acciones judiciales de censura contra el diario El Universal, de Venezuela, con las que el Gobierno pretende prohibir la difusión de información sobre la violencia e inseguridad en el país suramericano.
La SIP, con sede en Miami, criticó además las sanciones a proveedores de internet y anuncios para restringir el contenido periodístico.
La Fiscalía General venezolana, según recoge la SIP, exigió este martes a la Justicia que condene a El Universal por “violar los derechos de los niños y adolescentes”, a raíz de la publicación el pasado 20 de noviembre en la portada de una fotografía en la que se observa un brazo inerte y una mancha de sangre en el suelo.
Con esta imagen, el citado rotativo aludió al secuestro y posterior asesinato de un joven ingeniero a manosde delincuentes. La foto fue recogida y difundida con detalle por otros medios en internet.
El pedido, según publicó el propio diario, busca prohibir “la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños”.
La Fiscalía solicitó además la aplicación de una multa millonaria a El Universal correspondiente al 1 o 2 por ciento de sus ventas brutas en 2012.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su preocupación y alarma por la “legalización de la censura que se disfraza con leyes, decretos y acciones judiciales, tratándose de dar la apariencia de que existe libertad de prensa en el país”.
Paolillo subrayó que el Gobierno venezolano “no sólo busca silenciar la inseguridad, sino también la crisis económica que afecta al país”.
Se refirió así a las sanciones aplicadas el 9 de noviembre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra nueve empresas proveedoras de internet -CANTV, Movilnet, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, NetUno, Omnivisión y Level13- por haber difundido sitios web “destinados a la cotización de divisas con montos distintos a los a los establecidos oficialmente”, en violación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que prohíbe “la difusión de mensajes que fomenten la zozobra” y “alteran el orden público”.
Paolillo indicó también que la SIP se mantendrá alerta por el reciente anuncio hecho desde distintas fuentes del Gobierno sobre el impulso, a comienzos de 2014, de una Ley de Comunicación y Periodismo para regular aún más el contenido informativo.
El 7 de octubre pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, creó por decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), que tiene como objetivo solicitar, organizar, integrar y evaluar “las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas”. EFE