El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, que lidera Sacyr, se ha comprometido a procesar sus reclamaciones según lo establecido en el contrato y a dialogar con la administración de la vía en busca de solución al conflicto que amenaza con paralizar la obra, anunció hoy la ministra española de Fomento, Ana Pastor.
“El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones va ir por la vía dentro del contrato (…) por lo tanto ya ahí hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas”, dijo Pastor a los periodistas tras un reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) anunció la semana pasada que suspenderá las obras de ampliación el próximo día 20 si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce “sobrecostes” por más 1.600 millones de dólares.
La ACP ha señalado que la cláusula citada por el contratista para paralizar las obras no se aplica al caso, que el reclamo económico no está justificado debidamente, y ha instado al GUPC a que continúe las obras y paralelamente presente sus peticiones por los canales previstos en el contrato y no intente eventuales negociaciones fuera de ese marco.
En declaraciones a los periodistas ante el palacio presidencial de Panamá, Pastor recalcó que aunque se trata de un conflicto entre un ente autónomo del Estado panameño y un grupo de empresas, entre ellas una española, Madrid ha intervenido de buena fe en busca de que las partes “lleguen a acuerdos, porque el acuerdo y el entenderse será bueno para todos”.
Martinelli, por su parte, dijo estar “totalmente de acuerdo” con lo expresado por la ministra española, a la que agradeció públicamente su “muy atinada intervención” y su “muy significativa ayuda”.
“No creo que tenga mucho más que añadir (a lo dicho por Pastor) salvo que la ACP y el GUPC, entre ellos, tienen que resolver todos sus problemas según el contrato firmado entre las partes. Estamos seguros que producto de las reuniones que se están dando entre ellos, van a resolver cualquier conflicto que pudiesen tener”, afirmó el mandatario.
“Lo que más queremos todos los Gobiernos del mundo, el de Panamá, de España, es que el Canal de Panamá se termine y se expanda según los términos estipulados en el contrato”, reiteró el jefe del Estado.
La ministra Pastor se encuentra este lunes en Panamá con el objetivo de mediar para que las partes en conflicto logren acuerdos que permitan llevar adelante el proyecto de ampliación de Canal, una de las mayores obras de ingeniería del mundo.
A primer hora de este lunes sostuvo un encuentro privado con representantes del GUPC, tras lo cual se reunió con Martinelli, y en la tarde hará lo mismo con los responsables de la ACP.
El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las esclusas.
El consorcio ha dicho que la ACP le entregó información geológica equivocada y que esa es la principal causa de la petición de más de 1.600 millones de dólares extras, que representan cerca del 50% del costo de las nuevas esclusas que permitirán el paso de buques con hasta el doble de carga de lo actual.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha advertido que la Autoridad no será “rehén” de un contratista y sostenido que el contrato establece mecanismos para que la Autoridad, en última instancia, culmine la obra, aunque ha conminado al GUCP a que termine su trabajo según establece el contrato. EFE
Más temprano
Un equipo de funcionarios del Gobierno de España se encontraba reunido el lunes con representantes de Panamá, en un intento por poner fin a las diferencias sobre el costo de la ampliación del canal interoceánico que amenazan con suspender las obras del ambicioso proyecto.
La ministra de obras públicas de España, Ana Pastor, inició un día de reuniones con funcionarios en busca de dirimir las discrepancias entre el consorcio responsable de ampliar el Canal de Panamá, encabezado por la española Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En tanto, el embajador español en Panamá, Jesús Silva, descartó cualquier tipo de ayuda financiera de su Gobierno a Sacyr para sacar adelante el multimillonario proyecto.
“No, en ningún caso, el Gobierno español no es parte, es un problema entre un contratista y su cliente (…) el Gobierno no es parte y en ningún caso se contempla que el Gobierno español aporte fondos”, señaló.
Más tarde el lunes, la ministra española se reunirá con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien la semana pasada calificó de irresponsable al consorcio conocido como Grupo Unidos por el Canal (GUPC) por su amenaza de suspender los trabajos de ampliación el 20 de enero si la autoridad local no asume el costo extra del proyecto.
GUPC también lo integran la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana.
El grupo responsable de la obra amenazó el 1 de enero con suspender las obras por los sobrecostos estimados de 1.600 millones de dólares, que quiere que asuma el país centroamericano, atribuibles a fallas geológicas imprevistas.
En julio del 2009, el consorcio se adjudicó el proyecto por 3.120 millones de dólares, un monto considerablemente menor que las ofertas de otros dos competidores.
El jefe de ACP, Jorge Quijano, ha dicho que el país centroamericano está preparado para negociar los costos adicionales si son justificados, en tanto que un funcionario panameño dijo a Reuters que el Gobierno ha considerado la creación de un fondo con todas las partes involucradas.
No obstante, el panorama luce complicado por el hecho de que el Gobierno español ha estado sorteando una profunda recesión económica.
Tras reunirse con Martinelli, se espera que Pastor se reúna con los operadores del Canal y después ofrezca una declaración a la prensa alrededor de las 17.30 horas (2230 GMT).
Reuters