Es cierto que, al precio actual, PDVSA incurre en pérdidas produciendo y vendiendo gasolina en el mercado interno. Tal precio es sólo una fracción del costo de producción. El asunto es peor si se considera el costo de oportunidad de la gasolina, es decir, lo que deja de ganar PDVSA al no vender ese producto al precio que tiene hoy en el mercado mundial. También es verdad, por otra parte, que el gobierno tiene crecientes problemas para mantener su nivel de gasto y que este es el principal foco de inestabilidad de nuestra economía. Todas esas consideraciones son ciertas y deberían bastar para justificar el alza del precio del combustible.
Esa sería, sin embargo, una conclusión correcta sólo desde un punto de vista económico pero terriblemente equivocada desde una perspectiva más amplia. Hoy, en efecto, están en juego asuntos mucho más graves que las pérdidas de PDVSA o el financiamiento del déficit fiscal.
El gobierno que pretende ajustar el precio del combustible no es cualquier gobierno. Es uno que nos empuja constantemente hacia un camino de servidumbre, que va tomando control de todo el proceso económico y que no ha tenido problema alguno en despilfarrar centenares de miles de millones de dólares, en endeudarnos en otros miles de millones más, en permitir niveles de corrupción sin parangón histórico, en comprar lealtades de otros gobiernos mediante onerosas alianzas.
Es sabido que los regímenes comunistas politizan todo, especialmente la economía. Sus decisiones tienen que ser comprendidas como parte de un proyecto de poder que aspira al control total. Sin embargo, la economía es terca y pone límites a la desmesura del poder. Así, el régimen venezolano acude ahora a la racionalidad económica que siempre ha subestimado para justificar el incremento del precio de la gasolina. Nos encontramos entonces ante la paradójica situación de que quienes siempre hemos argumentado a favor de aquella racionalidad debemos ahora utilizar razones fundamentalmente políticas para oponernos al incremento en cuestión. Pero no tenemos opción pues en esos términos se plantea el conflicto.
El gobierno usará, otra vez, la manipulación y el chantaje. Dirá que los recursos que provengan del ajuste del precio de la gasolina serán para el pueblo. Ofrecerá parte de lo que piensa obtener a alcaldes necesitados. Acusará a quienes se le opongan de irracionales y de enemigos de la paz, del bienestar y hasta del medio ambiente. Intentará, sobre todo, acercarse tácticamente a la oposición para que no lo ataque por la decisión y comparta su costo político.
Nuestra respuesta no debe centrarse en la gasolina como tema y debemos denunciar, más bien, con firmeza y creatividad, cosas como el irresponsable endeudamiento público, la violación del artículo 320 de la Constitución que impide al BCV financiar los déficits gubernamentales, la incoherente política cambiaria, la sistemática succión de recursos por parte del socialismo chulo cubano y de otros gobiernos oportunistas, la enorme corrupción, las expropiaciones y los controles que destruyen los incentivos para invertir en nuestro país.
Para los millones de venezolanos que nos oponemos al comunismo se trata casi de una cuestión de desobediencia civil. Tenemos que hacer lo necesario para no continuar dando dinero al régimen que destruye nuestro ideal de una sociedad libre, justa y próspera. No podemos olvidar ni por un instante que la servidumbre en una sociedad comunista no llega de un día para otro sino que es el resultado acumulativo de innumerables decisiones y omisiones. Si consentimos que el gobierno aumente el precio de la gasolina estaremos, en definitiva, suministrando más combustible a la maquinaria totalitaria que amenaza nuestra libertad.
Pero si, a pesar de todo, el régimen logra su cometido deberá pagar, en exclusividad, el mayor costo político posible. La alternativa democrática no puede cargar con ninguna responsabilidad al respecto. Y la incoherencia y la hipocresía del régimen deben quedar en evidencia.
Roberto Casanova
@roca023