más costoso hacer algo, la gente tenderá a hacerlo menos;
cuando resulta más fácil, económico o beneficioso, se
inclinará a hacerlo con más frecuencia.”
Tim Harford
Lo que conocemos como “Análisis económico del derecho”, hace ya unas cuantas décadas que viene siendo tema de estudios en los círculos académicos del mundo.
En dos platos, él considera a las leyes como estímulos para el cambio del comportamiento de los individuos y como instrumentos para el logro de los objetivos de las políticas públicas. Como se sabe, la economía suministra una teoría del comportamiento para pronosticar cómo responderán las personas ante las leyes que se ponen en vigencia.
Brillantes scholars, particularmente en el mundo anglosajón, han consagrado estudios acerca de diversos aspectos de la vida en sociedad, en los que están presentes cálculos racionales de costos que hacen los individuos. Posner, Coase y Calabresi, entre otros, han sido emblemáticos en esta materia. Uno de los campos que ha sido estudiado a la luz de esta disciplina es el de los delitos que sancionan los códigos penales, y hasta se habla de una “Teoría económica del delito y del castigo”.
Y el lector dirá a santo de qué viene esta breve introducción con tufo académico, cuando en el título estamos haciendo referencia a los costos de ser delincuente en nuestro país.
Pues, mucho tiene que ver con el tema.
El despliegue -palabrita preferida del gobierno- inusitado del hampa en Venezuela en los últimos años ha sido enorme. Las cifras de asesinatos, atracos y robos han batido todos los récords. En los índices internacionales está entre los países más violentos del globo. No solo es uno de los países con mayor inflación y corrupción, es también de los primeros en homicidios, porcentualmente hablando.
El año 2012, murieron asesinados 24.700 venezolanos. Cifra escalofriante. En 1998, al arribar al gobierno Chávez, fueron 4.550, o sea, han sido quintuplicados. Haciendo un comparativo, en México, en 2013, asesinaron a 17.000 personas, y tiene una población que triplica la nuestra.
Este es un mal social que si bien no podrá ser erradicado totalmente, su reducción es posible con la instrumentación de políticas públicas integrales y técnicamente eficaces. Y los verdaderos especialistas en la materia, tanto los nacionales como los extranjeros, las conocen bien.
Pero los que no parecen saber de ellas, son los que actualmente nos gobiernan. Sus desastrosos resultados están a la vista, y cada día vemos más muertes y pérdidas materiales. El fracaso es estruendoso.
Obviamente, estos resultados lamentables están directamente relacionados con el tema que encabeza estas líneas.
El precio de ser delincuente es definitivamente barato en Venezuela. En la valoración que hace el malandro venezolano de los riesgos que corre de ser atrapado y/o sancionado, le resulta estimulante y fácil delinquir.
En un país en donde la impunidad es moneda corriente, porque las leyes no imponen castigos severos, las autoridades son altamente ineficaces en la represión e instrucción de los expedientes, o los jueces son incompetentes o corruptos; o lo que es lo mismo, los costos de perpetrar delitos son bajos y/o los riesgos que corre el delincuente de ser metido en chirona lo son también, entonces el malandraje tendrá más incentivos.
Este cuadro caótico se refuerza cuando quienes están llamados a combatir el crimen lo hacen desde una perspectiva ideológica que ve al delincuente como una víctima de la sociedad capitalista y al derecho como una superestructura “burguesa”, lo cual conduce a una acción represiva blandengue, “comprensiva” y hasta permisiva de cara a los maleantes.
Mientras ésas sean las acciones y la tónica del gobierno venezolano, el hampa seguirá por la libre y la matazón que hoy enluta muchos hogares no cesará.
Es barato ser malandro en Venezuela. Los que mataron a la actriz Mónica Spear en días pasados, lo saben.
EMILIO NOUEL V.
emilio.nouel@gmail.com