Pasará bastante tiempo para que el país se recupere del gran impacto que en el sentimiento y en la opinión pública nacional tuvo el asalto y posterior asesinato de la joven actriz, ex Miss Venezuela y madre venezolana, Mónica Spear y su pareja Thomas Henry Berry, ocurrido mientras se desplazaban en su vehículo por uno de los tantos sistemas viales que atraviesan los estados de nuestro país.
En mi opinión, la conmoción generada por este doble homicidio no está únicamente vinculada al hecho de la brutal y sanguinaria agresión de la que fue objeto una importante figura del medio cultural y social del país, sino también porque se produce en momentos en que el gobierno nacional y sus máximas autoridades con responsabilidad en el tema de la seguridad ciudadana se mantenían discrepando y hasta descalificando el documento divulgado a finales del 2013 por la Organización no Gubernamental, el Observatorio Venezolano de Violencia ( vinculada al sector académico de nuestras principales universidades nacionales), donde se revela una espantosa estimación de 24.763 muertes violentas en el país para el año 2013.
Como quiera que la gran capacidad del estado en materia de propaganda, manejo de medios de comunicación y de silencio informativo impuesto para el caso del registro de víctimas fatales ha sido más eficiente que la implementación de los 15 diferentes “Planes de Seguridad” anunciados en los últimos 14 años, no cabe dudas que este hecho puso al descubierto y le dio un rostro-símbolo a la tragedia que vivimos los venezolanos a diario y que lamentablemente quedara marcada en la mente de una nueva e inocente víctima y huérfana, la niña Maya.
Con relación al caso, he leído con sorpresa en los medios, la destitución de unos funcionarios adscritos al sistema de recepción y coordinación de llamadas de emergencias, conocido como el 171 del estado Carabobo, como responsables por las deficiencias en la atención de la llamada de auxilio realizada por una de las víctimas solicitando ayuda; sin embargo es pertinente recordar, que aún cuando los funcionarios encargados de la recepción de la llamada tengan la mejor disposición y mística para el cumplimiento de sus delicadas funciones, la debida y oportuna respuesta de auxilio no será posible si no se cuenta en los organismos encargados de atender las emergencias con los necesarios recursos de transporte y de apoyo logístico requeridos, por lo cual pregunto, ¿de quien es la verdadera responsabilidad?
De igual manera, la actuación inmisericorde de unos jóvenes delincuentes crecidos en revolución, en espacios como el de la autopista regional del centro, no sería tan impune si estos importantes ejes viales contaran con una constante supervisión y vigilancia de autoridades policiales y de transito, si se encontraran en buen estado y debidamente iluminadas las vías, con disponibilidad cada ciertos kilómetros de centros de atención y auxilio vial, y si los organismos nacionales, regionales, y municipales de seguridad pública se encargaran de garantizar coordinadamente el sagrado derecho a la vida que está consagrado en nuestra Constitución Nacional.
@Angelrangels