Con este inicio de año tan convulsionado, en medio de las difíciles circunstancias políticas, económicas, de seguridad ciudadana, y con la agudización de los problemas en materia de empleo, desabastecimiento y alto costo de la vida, parece que a los venezolanos se nos ha olvidado que en nuestras ciudades, en nuestros municipios, contamos con nuevas administraciones a nivel de las Alcaldías y con renovados cuerpos legislativos de ámbito municipal. Esta es sin duda una extraordinaria circunstancia para que desde tan importantes instancias del poder público, las más cercanas al ciudadano, se dé inicio al establecimiento de una plataforma de políticas y acciones proactivas, que propicien (con la participación de todos los actores sociales locales), mejores condiciones de salud, seguridad, bienestar y calidad de vida.
En este particular, una de las iniciativas que redundaría en grandes beneficios, en el mediano y el largo plazo, para los habitantes de estos ámbitos territoriales, sería el que se redoblen los esfuerzos y se trabaje coordinada y mancomunadamente, en el diseño e implementación de acciones económicas, técnicas, legislativas, de organización social y de fortalecimiento de los organismos públicos, entre otras, alineados a planes de reducción del riesgo y de mitigación de las consecuencias adversas de los posibles desastres, anticipándose a situaciones de emergencia que año tras año se suceden en cada región, (vinculadas a fenómenos naturales o antrópicos), todas agravadas por las condiciones de vulnerabilidad de los asentamientos humanos.
Me pregunto, por ejemplo, porque esperar a que en el periodo o temporada de lluvias se vuelvan a inundar comunidades sin que se hayan identificado y atendido las condiciones que la facilitan, o que no se cuente con instalaciones y logística para darle una adecuada, digna y eficiente atención temporal a los afectados. Porque no tomar previsiones para que las mismas precipitaciones no afecten tan severamente aéreas de desarrollo agrícola y pecuario, se altere la cadena alimentaria, se agudice el desempleo, e inexplicablemente no se disponga de mecanismos de transferencias del riesgo vía aseguramiento, que proporcione los recursos financieros para afrontar la situación y propiciar la mas pronta recuperación de las actividades socio productivas.
Esto presupone la incorporación de la variable riesgo en materia de legislación y políticas públicas, respecto a aspectos como la planificación del desarrollo, uso de los suelos, ordenamiento del territorio, financiamiento de obras públicas, educación, etc., es decir aumentar la capacidad de resiliencia y disminuir la vulnerabilidad ante los desastres, teniendo como principales protagonistas a los líderes naturales; Alcaldes, Concejales y la comunidad organizada.
@Angelrangels