El Gobierno de Venezuela está intentando por todos los medios no renunciar a su idea estatista del manejo de la economía. Colombia es su último aliado en el afán de mantener los controles de precios y derrotar las tercas leyes del mercado. Ese país se ha comprometido a luchar en la frontera común contra el contrabando de alimentos básicos, de insumos para la construcción y, en general, de toda aquella mercancía que está destinada al consumo interno venezolano, publica El País
El acuerdo ha surgido después de una reunión entre los cancilleres de ambos países, Elías Jaua y María Ángela Holguín, celebrada en Maracaibo, en el oeste de Venezuela, uno de los tres Estados que forman parte de la amplia línea divisoria. Al Ejecutivo de Juan Manuel Santos también le interesa aliarse con su vecino para proteger su industria, pero especialmente porque los grandes negocios surgidos al amparo del control de precios establecido por el chavismo han provocado que se recrudezca la violencia. “El contrabando financia las bacrim (bandas criminales)”, reconoció Holguín antes de leer parte de los acuerdos logrados.
Un ejemplo es la enorme diferencia entre el precio del litro de gasolina de Venezuela – controlado desde hace 18 años en el país – que se vende en 0.01 dólares al cambio oficial (Bs 6.30 por dólar), y de Colombia, que cuesta un poco más de un dólar. En ese amplio margen está el incentivo al contrabando de extracción y toda una forma de vida para los lugareños. El subsidio del Estado venezolano, calculado en unos 12.000 millones de dólares anuales, ha distorsionado las relaciones comerciales y termina por afectar las finanzas colombianas. Se calcula que unos 30.000 barriles diarios cruzan una frontera larga e intrincada que no puede ser vigilada palmo a palmo.
En 2013, Venezuela padeció un severo desabastecimiento y una inflación de 56,2%, la más elevada del mundo. La escasez alcanzó en diciembre el 22,2%, la cifra más alta desde enero de 2008. Esta colaboración solicitada a Colombia demuestra que los controles establecidos aquí –las llamadas guías de movilización, que indican qué cantidad y dónde debe ir cada producto desde que sale de la fábrica- ya no son suficientes para evitar que al otro lado de la frontera se vendan esos mismos productos regulados a precios que está dispuesto a pagar el mercado.
Será, como reconoció el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, un conjunto de decisiones difíciles de aplicar, pero ambos Gobiernos han manifestado su voluntad de poner en marcha ese plan de choque. Buscarán, por ejemplo, mecanismos legales para evitar que los “raspacupos” -los viajeros venezolanos que aprovechan el control de cambios para obtener divisas mediante su tarjeta de crédito en Colombia y revenderlas en el mercado negro, que multiplica por doce la cotización del mercado oficial- consuman en casas de cambio ilegales.
Buscarán también que los colombianos que viven en Venezuela envíen remesas hacia su país en pesos, su moneda local. Y evaluarán la posibilidad de devolver todos los productos básicos que se incauten al otro lado de la línea.
Venezuela y Colombia también buscarán soluciones al contrabando de los indios Wayuu desde el Estado Zulia hacia la alta Guajira. Es una práctica ancestral y normal para ellos porque no reconocen límites territoriales. En el argot popular, ellos son parte de los “bachaqueros” (por “bachacos”, un tipo de insecto rastrero) porque andan en grandes grupos y simulan una caravana. “Acordamos cómo abordar el comercio legal para garantizar el abastecimiento en esa zona”, reconoció Jaua.
La cita se produce en medio de una semana llena de enfrentamientos entre las autoridades venezolanas, los indígenas wayuu y quienes viven del contrabando. Este miércoles en el Estado Táchira, también fronterizo con Colombia, incautaron 939 de toneladas de alimentos básicos listos para ser llevados a Colombia durante un procedimiento liderado por el número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello. La presencia del presidente de la Asamblea Nacional en un procedimiento de rutina es la medida para evaluar la profunda preocupación del Gobierno por un problema que parece escapársele de las manos.
Las medidas son también un nuevo intento para no ceder al anatema de liberar la economía, una idea descartada en el imaginario del chavismo. La colaboración que prestará Colombia se suma también a la reciente aprobación de una Ley de Costos y Precios Justos, que establece hasta 14 años de prisión para los contrabandistas de productos regulados, y la suspensión del envío de alimentos y medicinas a través del servicio de encomiendas particulares.
Todas esas advertencias se combinan con los llamamientos a fortalecer la débil conciencia moral de los venezolanos. Antes de comunicar los resultados de la reunión el canciller Jaua pidió a sus compatriotas de la frontera “reflexionar y rectificar porque están haciendo mucho daño a la patria”. “Nada justifica dejar a los venezolanos sin sus alimentos básicos”.