El presidente de la mayor patronal venezolana, Fedecámaras, Jorge Roig, considera que la institución es un “blanco fácil” de los “ataques” del Gobierno y es utilizada para “echarle la culpa” de los problemas económicos en los que está sumergida la economía del país. EFE
En una entrevista con Efe, Roig indicó que en los últimas años han desaparecido alrededor de 4.000 industrias, muchas de las expropiaciones que han sufrido miembros de la organización no han sido canceladas y que la Ley de Precios Justos aprobada por el presidente Nicolás Maduro busca un “andamiaje legal” para continuar con esta política.
“Quiero pensar que el Gobierno no tiene a quién echarle la culpa porque, normalmente, en un Gobierno es una práctica común echarle la culpa al Gobierno anterior”, indicó Roig, al referirse a las continuas acusaciones que hace el Gobierno contra él y contra Fedecámaras como culpables de los problemas económicos que atraviesa Venezuela.
Para el desde hace poco más de siete meses jefe del máximo representante de las 280 cámaras que forman el organismo, el Ejecutivo no puede “ni siquiera” reconocer el “mínimo error” del modelo económico que impulsó Hugo Chávez y “eso es una tragedia para este Gobierno”.
La economía venezolana finalizó 2013 con una inflación que superó el 56 %, severos problemas con el desabastecimiento de productos, una ralentización de la economía y una amplia brecha entre el tipo de cambio oficial, que establece el Ejecutivo, y el ilegal paralelo.
Fedecámaras, y en particular Roig, han sido acusados por Maduro de realizar una “guerra económica” contra su Gobierno y de buscar desestabilizar el país y su salida del cargo.
“Todo lo que sea bueno para Venezuela es malo para ellos, y todo lo que sea malo para Venezuela es bueno para ellos, una fórmula mágica de la maldad, de la trilogía del mal, Fedecámaras, Consecomercio y Venamcham, les llegará su hora”, dijo el jueves el presidente durante un Consejo de Ministros transmitido por televisión.
Maduro respondió así a la intención desde Fedecámaras de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en los próximos días una demanda de nulidad contra la Ley de Precios Justos aprobada recientemente y que fija ganancias máximas del 30 % sobre los productos y penas de hasta 14 años para los acaparadores.
“No ha sido consultada la iniciativa privada para nada y el hecho de abolir las libertades, como se establece y se consagran en la Constitución, de que hay libertad económica (…) ya atenta contra cualquier tipo de libertad económica”, dijo, al argumentar la apelación.
Esta norma “declara de utilidad pública todas las empresas del país sin excepción (…) es decir desde el más pequeño (…) hasta en este momento la empresa más grande del país”, añadió.
Para Roig, lo que busca el Ejecutivo es un “andamiaje legal” para poder “confiscar, expropiar, intervenir empresas”, amparados en una ley para la que los comercios tienen hasta el lunes para acoplarse bajo amenaza presidencial de expropiación.
Afirmó que desde 1998 hasta 2013 las empresas expropiadas reportadas dentro de los sectores que controla Fedecámaras alcanzaron 1.190 y que en el “95 % de los casos no se ha pagado” la compensación.
Para tratar de reducir los complicados números que arrojan algunos índices económicos venezolanos, desde Fedecámaras mantienen haber realizado varias propuestas, como el aumento del precio de la gasolina, la más barata del mundo, o una nueva devaluación del bolívar, la moneda local.
“Hay que tomar una medicina completa para ponernos de una vez morados y no ponernos rojos todos los días”, señaló sobre el alcance que deberían de tener las medidas.
“Obviamente nosotros no somos Gobierno y basta que lo proponga Fedecámaras para que el Gobierno no las haga”, reconoció sobre su capacidad de influencia y la distancia que existe actualmente entre el Ejecutivo y la institución empresarial.
Roig reconoció que, debido a las decisiones de Fedecámaras durante el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, es “relativamente sencillo” atribuirle los “males” por los que atraviesa la economía venezolana.
En abril de 2002, durante unas horas tras el a la postre fallido golpe de Estado contra Chávez, el entonces máximo mandatario de Fedecámaras, Pedro Carmona, fue proclamado presidente de Venezuela, una decisión que se convirtió en la sombra de la patronal durante años.
“Los que estamos aquí en este momento pensamos absolutamente diferente sobre el papel que tiene que jugar nuestra organización, pero por más esfuerzo que hacemos, el Gobierno ha encontrado un blanco fácil para seguir atacándonos”, afirmó.